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jueves, mayo 20, 2010

Collahuasi: la Economía política de la represión 



Susana Jiménez, economista senior del Programa Económico de Libertad y Desarrollo:



OPERATIVO DE CARABINEROS EN COLLAHUASI: UN HECHO QUE DEBE MARCAR PRECEDENTES PARA FUTURAS MANIFESTACIONES

El pasado miércoles el Gobierno resolvió desarticular, a través de un contingente de Fuerza Especiales de Carabineros, la movilización iniciada por los trabajadores subcontratados de la mina Doña Inés, propiedad de la empresa Collahuasi (controlada por Anglo American y la suiza Xstrata). De esta forma, se logró restablecer el orden público ante una situación que rápidamente se había volcado más compleja. En efecto, los huelguistas habían aislado a los trabajadores de la empresa bloqueando las entradas a la mina y dificultando el suministro de agua y alimentos al campamento, ubicado a 4 mil metros de altura. Los medios locales informaron que, además, algunos de los huelguistas habían dañado caminos y tomado vehículos de los depósitos de la compañía.

El operativo de Carabineros logró restablecer la libertad de las personas para movilizarse y la compañía comenzó gradualmente a retomar la actividad productiva, tras varios días de paralización, cuyo costo estimado superaría los US$40 millones. La compañía ha anunciado acciones legales por secuestro y amenazas, lo que refleja cuán crítica se vivió la situación en la mina.

Susana Jiménez, economista senior del Programa Económico de LyD señala que la actuación del Gobierno ha sido, en general, bien recibida, por cuanto dio una señal clara de que los procesos de negociación no pueden darse en un contexto de violencia y destrozos. "El gobierno acertadamente privilegió el restablecimiento del orden público, resguardando los derechos de libertad y seguridad de las personas", explica.

La experta agrega que no hay que olvidar que en ocasiones anteriores las huelgas en el sector minero, tanto en Chile como en países vecinos, han revelado una violencia inusitada, llegando incluso a causar la muerte de personas involucradas. Este fue el caso de la huelga realizada el año 2007 en la mina chilena El Teniente, de la estatal Codelco, cuando 5 mil trabajadores contratistas bloquearon las carreteras de acceso a la mina, se quemaron camiones y terminó un trabajador muerto en el incidente.

Para Jiménez, la acción policial esta semana no tiene, por tanto, dos lecturas. "El gobierno cumplió con su deber de garantizar el respeto por la legalidad vigente y de velar por los derechos de todas las personas. Lo anterior debiera marcar un precedente para futuras manifestaciones en el sector minero y en el resto de la economía, por cuanto la violencia no puede ni debe legitimarse como un medio de presión a la hora de llevarse a cabo las negociaciones", puntualiza.




Santiago, 14 de mayo de 2010.

http://www.lyd.com/lyd/index.aspx?channel=3793&appintanceid=9341&pubid=16772

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