lunes, mayo 09, 2011
Sociología barata y pistolas de plástico (2)
Caso bombas: que las instituciones funcionen
Que Interior dirija la seguridad ciudadana, no la persecución criminal; que el Ministerio Público sea autónomo.
por Axel Buchheister
LOS TRIBUNALES han puesto fin a la prisión preventiva de cada uno de los acusados de haber puesto un centenar de bombas. Aunque lejos de haber sido declarados inocentes, la imagen es que salieron de la cárcel y el caso se desmorona. Y entonces, adquieren credibilidad acusaciones de un montaje y de falta de un debido proceso, que provienen, entre otros, de un sacerdote que siempre se ha caracterizado -como nos recordó un senador- por justificar a los acusados de hechos violentos.
La cuestión de fondo es si las pruebas son suficientes para sostener una acusación y lograr una condena, lo cual no tiene nada que ver con un montaje ni con el debido proceso, sino con el debate propio de todo juicio penal. El rol del Ministerio Público es producir legalmente esas pruebas, de la defensa impugnarlas y de los jueces resolver. Sin embargo, desde un inicio hubo razones para dudar que hayan sido suficientes. Originalmente este asunto estaba encargado a un fiscal regional, quien no formalizó a nadie con los antecedentes que poseía, porque -todo indica- consideraba que no bastaban.
Ya el gobierno pasado, a través del subsecretario del Interior, presionó públicamente a ese fiscal para que cambiara su criterio y la presión continuó con la actual administración, pues el ministro del Interior ha tomado la persecución penal como una tarea personal, que muchos identifican con una plataforma política. Lo concreto fue que el fiscal nacional terminó traspasando el caso a otro fiscal regional, desautorizando de paso al primero y dejando en duda la autonomía del órgano persecutor.
El flamante designado, apenas unas semanas después, sin que se sepa que haya tenido ningún antecedente nuevo relevante, formalizó con gran impacto mediático a los miembros de un grupo anarquista. Luego se ha ido a trabajar nada menos que al Ministerio de Interior y ahora sus sucesores tratan de ordenar el caso, en el cual ya se han "bajado" más de mil pruebas, de las siete mil consideradas. La Corte de Apelaciones después deja salir a todos de la cárcel: ¿No eran un peligro para la sociedad? ¿Cuándo dejaron de serlo? Y un juez se permite calificar algunas de las pruebas como de cuarta categoría y los argumentos de los fiscales de sociología barata.
Mientras, a los ciudadanos nos preocupa que se haya puesto un centenar de bombas -acción típicamente terrorista-, que se haya quebrado la sensación que había ganado este país de ser un lugar tranquilo y que a quienes han sido señalados como responsables no se les pueda comprobar su eventual participación. Esto, aunque desde que están en la cárcel se acabó prácticamente la colocación de artefactos explosivos.
Lo que hace falta es que las instituciones funcionen. Que el ministro del Interior dirija la política de seguridad ciudadana y no la persecución criminal; que el Ministerio Público sea autónomo y ejerza la acción penal solo cuando tenga un caso sólido; que los tribunales sean consistentes en sus decisiones y que sus opiniones se funden en razonamientos jurídicos; y que los sacerdotes conforten a los presos, pues ese es su deber y no la denuncia social, en un país que tiene actores políticos de sobra para ello.
Que Interior dirija la seguridad ciudadana, no la persecución criminal; que el Ministerio Público sea autónomo.
por Axel Buchheister
LOS TRIBUNALES han puesto fin a la prisión preventiva de cada uno de los acusados de haber puesto un centenar de bombas. Aunque lejos de haber sido declarados inocentes, la imagen es que salieron de la cárcel y el caso se desmorona. Y entonces, adquieren credibilidad acusaciones de un montaje y de falta de un debido proceso, que provienen, entre otros, de un sacerdote que siempre se ha caracterizado -como nos recordó un senador- por justificar a los acusados de hechos violentos.
La cuestión de fondo es si las pruebas son suficientes para sostener una acusación y lograr una condena, lo cual no tiene nada que ver con un montaje ni con el debido proceso, sino con el debate propio de todo juicio penal. El rol del Ministerio Público es producir legalmente esas pruebas, de la defensa impugnarlas y de los jueces resolver. Sin embargo, desde un inicio hubo razones para dudar que hayan sido suficientes. Originalmente este asunto estaba encargado a un fiscal regional, quien no formalizó a nadie con los antecedentes que poseía, porque -todo indica- consideraba que no bastaban.
Ya el gobierno pasado, a través del subsecretario del Interior, presionó públicamente a ese fiscal para que cambiara su criterio y la presión continuó con la actual administración, pues el ministro del Interior ha tomado la persecución penal como una tarea personal, que muchos identifican con una plataforma política. Lo concreto fue que el fiscal nacional terminó traspasando el caso a otro fiscal regional, desautorizando de paso al primero y dejando en duda la autonomía del órgano persecutor.
El flamante designado, apenas unas semanas después, sin que se sepa que haya tenido ningún antecedente nuevo relevante, formalizó con gran impacto mediático a los miembros de un grupo anarquista. Luego se ha ido a trabajar nada menos que al Ministerio de Interior y ahora sus sucesores tratan de ordenar el caso, en el cual ya se han "bajado" más de mil pruebas, de las siete mil consideradas. La Corte de Apelaciones después deja salir a todos de la cárcel: ¿No eran un peligro para la sociedad? ¿Cuándo dejaron de serlo? Y un juez se permite calificar algunas de las pruebas como de cuarta categoría y los argumentos de los fiscales de sociología barata.
Mientras, a los ciudadanos nos preocupa que se haya puesto un centenar de bombas -acción típicamente terrorista-, que se haya quebrado la sensación que había ganado este país de ser un lugar tranquilo y que a quienes han sido señalados como responsables no se les pueda comprobar su eventual participación. Esto, aunque desde que están en la cárcel se acabó prácticamente la colocación de artefactos explosivos.
Lo que hace falta es que las instituciones funcionen. Que el ministro del Interior dirija la política de seguridad ciudadana y no la persecución criminal; que el Ministerio Público sea autónomo y ejerza la acción penal solo cuando tenga un caso sólido; que los tribunales sean consistentes en sus decisiones y que sus opiniones se funden en razonamientos jurídicos; y que los sacerdotes conforten a los presos, pues ese es su deber y no la denuncia social, en un país que tiene actores políticos de sobra para ello.
Etiquetas: La Tercera, prensa burguesa
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