martes, octubre 01, 2013
"Dadá es la policía de la policía"
- La Responsabilidad del Estado Frente a la Protección de los Funcionarios Policiales.
El Estado ha entregado a las Fuerzas de Orden y
Seguridad la vital función de proteger y defender a los intereses
comunes y privados, dando eficacia y cumplimiento a las leyes. La
renuncia al derecho de defender dichos intereses de forma particular,
en maneras incluso violentas, trae consigo la necesidad de que la
defensa llevada a cabo por el Estado, a través de las policías, sea
plena y eficiente. Proporcionar herramientas a dicho efecto es, por
tanto, responsabilidad del Estado como un todo.
La responsabilidad que emana
del cumplimiento de la función policial requiere que el Estado sea
especialmente exigente en la observancia de estándares de conducta
apropiados por parte de las fuerzas policiales. En Chile, los
miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad deben mantener un
elevado nivel de compromiso y profesionalidad en el ejercicio de sus
funciones. La infracción de sus deberes profesionales o civiles está
sujeta no sólo a las sanciones establecidas
para cualquier ciudadano, sino, además, a diversas medidas
disciplinarias propias de su cargo y no aplicables a otras personas,
que pueden llegar hasta a la medida de baja.
Sin embargo, dicha mayor exigencia aplicable a
los funcionarios de las fuerzas policiales, en el cumplimiento de sus
funciones, debe ir acompañada de la provisión de los medios
necesarios para cumplirlas de manera eficiente. Dentro de dichos
medios se encuentra, por supuesto, la existencia de sanciones
efectivas para aquellas personas que perturban e impiden
ilegítimamente el cumplimiento de la labor policial, sea mediante la
mera desobediencia, sea atentando directamente en contra de los
funcionarios policiales.
Cuando un funcionario policial, a quien se
exige un alto grado de diligencia y profesionalismo, se ve expuesto a
agresiones de toda índole, tiene la legítima expectativa de que el
Estado, a través de sus instituciones pertinentes y de
conformidad con las leyes, establecerá sanciones que, finalmente,
disuadirán a los ciudadanos de incurrir en dichas conductas. Cuando
ello no ocurre, se genera en el funcionario una justificada sensación
de abandono e injusticia que, inevitablemente, puede llevarlo a
infringir sus propios deberes, exponiéndose a responsabilidad civil,
penal y administrativa y, de paso, exponiendo también a su
institución y al Estado.
Se ha observado una perniciosa tendencia, de
parte de ciertos sectores de la ciudadanía, a menospreciar, denigrar
y, en definitiva, desechar la labor del Estado y sus instituciones,
afectando, en definitiva, la función policial del Estado. Esto
perjudica profundamente los procesos democráticos, genera
desconfianza en las autoridades públicas y el Estado de Derecho y
termina por socavar las legítimas expectativas de los ciudadanos
frente al Estado y las leyes.
La primera línea visible del Estado, en su rol
policial, está constituida por las Fuerzas de Orden y Seguridad. Son
ellas, y más precisamente sus integrantes, ciudadanos - y personas -
tal como los demás, las que deben soportar el impacto del
menosprecio y la resistencia injustificada a una labor que cierta
parte muy minoritaria de la ciudadanía parece no comprender o
aceptar.
Este fenómeno ha derivado
en un convencimiento, extendido entre dichos sectores, de que
ultrajar e insultar a los funcionarios policiales, por el solo hecho
de llevar uniforme o cumplir con su deber, está justificado y es
correcto. Esto no tiene justificación moral ni jurídica en una
sociedad democrática en la que “los
derechos de cada persona están limitados por los derechos de los
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del
bien común, en una sociedad democrática”
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 32.2).
(Del MENSAJE Nº
092-361/, proyecto de "ley mi cabo").
Etiquetas: aparatos ideológicos de estado, bellezas de la mierda de estado burgues policiaco, contra-represión, derecho burgués vigente
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