Delirio Místico: "A mon seul désir" (Según mi solo deseo)

Me acuerdo de cuando el Moro Maxwell se unió a una sesión acústica del Colectivo No en el Bar Uno. Recuerdo una buena sesión, aunque nunca más la escuché, aunque creo que la Productora Mutante la editó en caset. Ahora una Estado narco terrorista lo tiene preso junto a 11 personas más, imputado de delitos insólitos que en realidad dicen más de quienes formulan estas acusaciones que de quienes las sufren.

Un diario mexicano (La Razón)  realiza todo un perfil criminalístico de los "anarquistas" y del "vándalo chileno".

Un diario chileno (La Tercera) acude también a la confusión entre vandalismo y terrorismo para pedir mano dura contra el grupo de encapuchados que humilló totalmente a la PDI en calle Condell el día lunes.

Las similitudes discursivas son notorias, y la contra-criminalística debería estudiarlas.

1.- Perfil de “anarquistas” es similar al de terroristas  Policía Detecta que los vándalos que operan en las marchas tienen entre 30 y 40 años; no sienten culpa Usan Drogas, su nivel cultural es bajo y son de alta capacidad criminal; actúan por “creencias” para desestabilizar

Los autollamados “anarquistas” que recientemente han atacado a policías, instituciones de gobierno, comercios y carreteras, en la Ciudad de México y otros estados usando cohetones, bombas molotov, garrafones de gasolina y demás arsenal, son personas con alta capacidad criminal, antisociales y se encuentran en un estado peligroso de gran intensidad e impacto social similar a los terroristas. Además, en ellos hay ausencia de sentimientos de culpa. Su nivel cultural es bajo, acrecen de control de impulsos y sus edades están entre los 30 y 40 años. A partir del uso del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association o APA), éste es el perfil que ha detectado la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en los vándalos que han causado los desmanes en la ciudad. El perfil de estos embozados, detalla el documento, revela que son personas cuyo patrón general es el desprecio y la violación de los derechos de los demás. Incluso menciona que esas actitudes las presentan desde los 15 años de edad. Son también reincidentes delincuenciales, pasan de un hecho vandálico a un acto terrorista, utilizan artefactos explosivos, recurren a actos incendiarios, agreden de manera encubierta a personas, instituciones gubernamentales, bancarias y comerciales. El estudio refiere que tienen ausencia de sentimientos de culpa y regularmente consumen drogas; además, encubren su actividad delictiva en cualquier tipo de manifestación o movimiento social para infiltrarse y causar desestabilidad de alto impacto. Así lo hicieron al atacar a policías locales y federales con el pretexto de apoyar las manifestaciones por la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. De acuerdo con la visión psiquiátrica y los criterios para el diagnóstico de Trastorno Antisocial de la Personalidad, elaborado por el citado Manual, las personas que desarrollan este tipo de acciones fracasan para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Los violentos son personas deshonestas y mentirosas y por lo general utilizan un alias para estafar a otros a fin de obtener un beneficio personal o placer. “Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro; irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones; despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás; irresponsabilidad persistente, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros y existen pruebas de trastorno disocial que se detecta a los 18 años aunque comienza a desarrollarse antes de los 15 años”, detalla el estudio. Estos vándalos, indica el perfil, se ubican en una forma organizativa como líderes provocadores, incitadores a la violencia extrema y se encubren en el anonimato. El documento define la actividad anarquista como la acción directa y autónoma que enfatiza la colectividad, destaca la lucha contra la opresión y explotación y se involucra en luchas sociales. Las conductas dentro de la sociedad De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Transtornos Mentales IV-V, la conducta delictiva de estos individuos es de la siguiente manera: » Capacidad criminal alta. Conducta basada en creencias encaminadas encaminadas a desestabilizar el sistema de gobierno. » Adaptabilidad social. Intolerante ante situaciones que involucren a alguna autoridad como el empleo, la educación, las normas sociales, etcétera. Tiene un conducta subversiva contra el poder y el gobierno. El vándalo chileno tiene 43 años de edad Un hombre de 43 años originario de Chile, que asegura ser músico y estudiante de una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, es una de las 11 personas encarceladas este fin de semana por la Procuraduría General de la República acusadas de participar en los actos violentos registrados la noche del jueves en el Zócalo capitalino. Se trata de Lawrence Maxwell Ilabaca quien, según los reportes dados a conocer por las autoridades federales, era una de las personas más violentas que aquella noche atacaron a agentes federales y de la Policía capitalina frente a Palacio Nacional. Tras interrogarlo y recopilar pruebas en su contra, este fin de semana, el ministerio público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada lo envió preso a una cárcel de Veracruz acusado de los delitos de: motín, delincuencia organizada y tentativa de homicidio. A decir de su abogado, Alejandro Jiménez, Lawrence Maxwell fue dirigente estudiantil en Chile durante la década de los 80. Incluso, aseguró, es autor del libro Los hijos de Pinochet. Según registros del Ministerio de Cultura del gobierno de Chile, en octubre de 2003 le otorgaron una beca a Maxwell Ilabaca como escritor. En su defensa, el abogado asegura que el hombre de 43 años “estaba estacionando su bicicleta en una de las vías de acceso del Zócalo. Iba a juntarse con un grupo de amigos para ir a la protesta. Maxwell recién llegaba de un viaje de estudios y se dirigía a las manifestaciones. En ese instante la policía efectuó una redada y tomó presos a varios jóvenes”.» Estado: Peligroso, intenso y de impacto social 2.- Ataque incendiario a cuartel de la PDI La sensación de temor de la ciudadanía frente estos hechos es evidente, porque deja al propio Estado en una situación de vulnerabilidad. 26/11/2014 La Tercera LA SEGURIDAD ciudadana nuevamente ha sido puesta en entredicho tras el atentado que sufrió un cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones por parte de un grupo de “encapuchados”. Las características del ataque revisten especial gravedad -su intención terrorista parece evidente, al dirigirse a un organismo que representa el orden institucional-, pues se logró atentar mediante bombas molotov con total impunidad, y a plena luz del día. Los funcionarios en su interior se vieron sobrepasados, incluso con el riesgo evidente de haber muerto quemados, pues las puertas fueron cerradas por los hechores con cadenas y candados. Es obvio que se trata de un ataque bien planificado, con un nivel de arrojo que resulta preocupante, pues queda la impresión de que los atacantes no temían a la respuesta policial, la cual efectivamente fue limitada. En ese sentido, llama la atención que el personal policial apenas se haya podido defender con balines de goma, y que el lugar contara con escasas medidas de seguridad. Las explicaciones del alto mando de la PDI -en cuanto a que esas dependencias serían próximamente desocupadas, y por ello no contaban con mayores medidas de vigilancia- resultan difíciles de aceptar y sugieren una urgente revisión de los protocolos policiales. La sensación de temor y frustración de la ciudadanía frente estos hechos es evidente, porque deja al propio Estado en una situación de incómoda vulnerabilidad ante la violencia, sin mayor capacidad de disuasión. Cabe tomar nota de este punto, porque para cualquier democracia resulta fundamental preservar el principio del respeto a la autoridad, sin el cual la sociedad entera se vuelve vulnerable. La impunidad con que se atentó en este caso se suma a muchos otros hechos en que el vandalismo ha quedado sin sanción, lo que constituye un fuerte llamado de atención. En ese sentido, resulta bochornoso que los hechores hayan huido hacia una universidad cercana al cuartel - nuevamente en total impunidad-, y que su rector, en vez de asumir la gravedad de lo que ello implica para el plantel y sus estudiantes -antes ya ha sido objeto de infiltraciones-, en cambio haya concentrado sus críticas hacia el proceder policial.  Es valorable que el gobierno expresara su condena, y el ministro del Interior haya manifestado que “aquí lo importante es que ningún chileno, ninguna persona se puede sentir con la libertad de atacar un centro policial”. Sin embargo, resulta discutible que se haya invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado y no la Ley Antiterrorista, que es lo que correspondería en un caso donde la seguridad pública se ve gravemente amenazada, especialmente considerando el alto nivel de organización que mostraron los autores del ataque. Corresponderá a los tribunales determinar si los hechos se ajustan a una conducta terrorista, pero la valoración que la propia autoridad le confiere a estos hechos es una señal relevante, y por ello cabría esperar que invocara precisamente aquellos instrumentos que permiten drásticas sanciones frente al delito. Un senador del bloque oficialista, que ha ocupado relevantes cargos en el Ministerio del Interior, definió acertadamente los hechos: “El ataque a un cuartel policial a mi juicio es un acto terrorista y por tanto deberían haber invocado la ley antiterrorista”.

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