Delirio Místico: "A mon seul désir" (Según mi solo deseo)

[The Ex, Tumult, 1983].

PRISIÓN POLÍTICA Y LUCHA POR LA AMNISTÍA (Texto tomado del boletín Ya No hay Vuelta Atrás, N° 4, marzo de 2021).

A partir de octubre de 2019 y en poco más de tres meses ya se contaba con cerca de 2500 personas en prisión preventiva imputada por delitos de incendio, desordenes públicos (incluyendo la famosa “ley antibarricadas”), maltrato de obra a policías (a veces calificados como “homicidio frustrado”, pues ningún uniformado murió en ese contexto), Ley de Control de Armas, Ley de seguridad del Estado y diversos tipos de hurtos y robos (llamados “saqueos”, que también ameritaron una nueva ley (1)). 

En la gran mayoría de los casos se trató de personas bastante jóvenes y sin antecedentes penales previos, que se la jugaron poniendo el cuerpo y arriesgando la vida y la libertad para hacer posible la revuelta, que es incluso admitida por la doctrina y el derecho internacional como “derecho de rebelión” ante la tiranía y la negación sistemática de derechos fundamentales que sobre el papel se reconocen a todos los seres humanos por igual.

La respuesta del Estado ante la revuelta popular fue implacable: no sólo mediante la represión directa a cargo de militares y policías, que causó tres decenas de muertos y varios cientos de mutilaciones y lesiones oculares, sino que también por parte del sistema judicial que en pocos meses hizo que cerca del 5% de la población penitenciaria del país estuviera compuesta de los llamados “presxs de la revuelta”. El grueso de las pruebas en contra de estxs presxs consiste en la actividad de la “inteligencia policial” y sus agentes infiltrados y provocadores, que actuaron claramente en vulneración de su propio marco legal, como queda claro en casos como el de la Universidad Pedro de Valdivia y el Hotel Principado de Asturias, por los cuales el sistema se ensaña contra jóvenes proletarios que llevan más de un año presos y a quienes se les piden penas de hasta 20 y 30 años de cárcel, sin haber matado ni lesionado a nadie.

En contrapartida, según datos del propio Poder Judicial, a diciembre de 2020 sólo 11 agentes de Estado se encontraban en “prisión preventiva” por delitos cometidos en ejercicio de la represión, la cual no se cumple en cárceles sino que en recintos policiales o militares, y sólo 1 de ellos había sido condenado, a una pena de cumplimiento en libertad: el sargento de Fuerzas Especiales Juan Gabriel Maulén Báez, considerado autor de homicidio frustrado por disparar una bomba lacrimógena directamente a la cabeza de un estudiante en Rancagua a 8 metros de distancia. Por no tener antecedentes penales se le condenó a Libertad Vigilada.

A los pocos fascistas imputados de diversos delitos, incluyendo el porte de ametralladoras y otros “utensilios” (como dijera el subsecretario Galli), se les asusta un poco en cárceles VIP antes de ser enviados a cumplir arresto domiciliario en sus domicilios ABC 1, por lo general en horario nocturno (al igual que todo el resto de los habitantes del país tras 12 meses de toque de queda).

Desde la socialdemocracia y la izquierda parlamentaria se ha intentado tímidamente defender la idea de que se trataría de “prisión política”, para así justificar un proyecto de ley de indulto general, el que ha enfrentado una cerrada oposición no sólo de la derecha sino que del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, influyentes columnistas de El Mercurio e incluso del jefe de Human Rights Watch. Otros, como Sergio Micco del INDH, han guardado silencio, a diferencia de cuando en pleno estallido afirmó ante todo Chile que las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo no eran “sistemáticas”, por lo cual no podrían ser consideradas como crímenes contra la humanidad.

El argumento estrella del partido del orden es que no se trata de “presos políticos” porque no son “presos de consciencia”, lo cual revela de entrada su mala fe al confundir intencionalmente dos conceptos diferentes: el preso político está preso a causa de sus ideas o acciones políticas, no sólo por pensar o manifestar opiniones (como en los casos de Dauno Tótoro y Jaime Castillo Petruzzi, contra quienes el Gobierno presentó querella de Ley de seguridad de Estado a causa de opiniones vertidas en una asamblea y en el lanzamiento de un libro, respectivamente). Pero esa discusión técnica/jurídica no es lo esencial, y sólo ha servido para entrampar la discusión y trabar la ley de indulto (a pesar de que fue aprobada por 3 a2 la idea de legislar en la Comisión pertinente del Senado).

Lo relevante es que el “estallido social” fue un proceso insurreccional masivo mediante el cual fue impugnado y destituido radicalmente el orden social y político existente, causando una parálisis de la clase dominante que sólo un mes después logró articular una respuesta. En efecto, el “acuerdo por la paz y una nueva constitución” del 15 de noviembre de 2019 y el itinerario “constituyente” posterior serían impensables sin la violencia popular que se tomó las calles de todas las ciudades y regiones de Chile (incluyendo a Aysén, que fue la única región en que no se decretó Estado de Emergencia), y que sólo con ocasión de la pandemia y las medidas represivas con pretexto sanitario fue parcialmente desactivada en aras de su canalización institucional.

Y he aquí el factor clave: el partido del orden, a la vez que se vio obligado a generar dicho Acuerdo para salvarse de la revolución en curso (2), no puede reconocer la naturaleza revolucionaria de los acontecimientos de Octubre pues, como tal como señalaba Federico Engels a propósito de eventos similares ocurridos en Alemania en 1848, habría que “reconocer como una verdadera y auténtica revolución la lucha librada en las calles (…), que se pretende presentar como una simple revuelta”: pues de esta diferencia dependía que “los combatientes de las barricadas no tienen su puesto en la llamada Asamblea Nacional Constituyente, sino en el tribunal penitenciario. Y no hay más que decir” (3). Sí cabe agregar que hoy en día el peso de la tradición izquierdista y ultraizquierdista, modelada por los ejemplos de las revoluciones francesa y rusa, añade sus propios argumentos para negar el carácter revolucionario del “estallido social” chileno.

En un sentido similar se decía en el Chile del siglo XX que cuando las rebeliones triunfaban y “creaban Derecho” los delitos cometidos en su transcurso dejaban de serlo, pues se les entendía precisamente como “delitos políticos” (4). Por eso es que se dictaron más de 100 amnistías e indultos, por delitos comunes y políticos, la mayoría de las veces para proteger y evitar el juzgamiento tanto de conspiradores y masacradores (como Ibañez y Alessandri, por su participación a uno y otro lado de eventos como la Masacre del Seguro Obrero (5)) como también para liberar a encarcelados y relegados por su participación en revueltas y  asonadas populares.

Así que en definitiva el criterio decisivo es político y no jurídico. Por eso es que lo que se impone como necesidad es una amnistía total de todxs lxs presxs de la revuelta (6), con independencia del tipo de delito cometido.

El hecho de que no se logre algo así es indicador del nivel de negación de la profundidad de los acontecimientos de Octubre que ha logrado imponer la contra-revolución democrática, a la vez que se prepara para una “renovación” de la institucionalidad política aprovechando como buenos parásitos que son un camino que al abrirse quedó pavimentado de sangre, mutilación y cárcel de quienes se atrevieron a enfrentar directamente a los ejércitos del Estado/Capital.    

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