Delirio Místico: "A mon seul désir" (Según mi solo deseo)

“Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas” (Albert Camus, La peste).

El 12 de septiembre la Secretaria Regional Ministerial de Salud para la Región Metropolitana anunció “mano dura” con las celebraciones de Fiestas Patrias en pandemia, que su propio gobierno autorizó: “Vamos a estar yendo a las viviendas, vamos a hacer un trabajo conjunto con Carabinero, PDI, Fuerzas Armadas, para corroborar que se respete el aforo máximo, que son los residentes de la vivienda más cinco personas”.

Lo cierto es que llevamos medio año viviendo en estado de excepción, desde que el 18 de marzo de 2020 el Presidente de la República adquirió las facultades extraordinarias que de acuerdo al artículo 43 de la Constitución incluyen el “restringir las libertades de locomoción y de reunión” -lo que se ha hecho ampliamente mediante toque de queda nacional- y “disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad” -lo que no se hizo ni para tomar posesión de Espacio Riesco y reconvertirlo en Hospital-, además de la facultad de “adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”.

Lo curioso es que la gran mayoría de las medidas sanitarias con que se han restringido más o menos justificadamente las libertades y derechos fundamentales de las personas no se han adoptado por los militares designados por el presidente Piñera como Jefes de la Defensa Nacional en cada región del país, sino que mediante decretos y resoluciones sanitarias dictadas en virtud del Decreto de Alerta Sanitaria de 5 de febrero, que no se basan en el estado de excepción sino que en la normativa sanitaria nacional e internacional.

En este contexto, y teniendo en cuenta que los únicos derechos fundamentales que el estado de catástrofe permite restringir o suspender son los de reunión y de circulación, no existe hasta ahora ninguna justificación para restringir el derecho a la inviolabilidad del hogar, contemplado en el artículo 19 N°5 de la Constitución, que en tanto derecho fundamental sólo podría ser  afectado por ley.

La ley que se refiere a la posibilidad de que agentes del Estado ingresen en domicilios privados es el Código Procesal Penal, que en sus artículos 204 a 216  regula la diligencia de entrada y registro en lugares de libre acceso público y en lugares cerrados, exigiendo en relación a estos últimos “siempre que su propietario o encargado consintiere expresamente en la práctica de la diligencia” (artículo 205). De no contar con el consentimiento del dueño o arrendatario se requiere siempre de autorización judicial, con la sola excepción señalada en el artículo 206, es decir, “cuando las llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior u otros signos evidentes indicaren que en el recinto se está cometiendo un delito”. 

Esta normativa procesal penal no contempla de ningún modo la posibilidad de ingresar a domicilios para comprobar aleatoriamente si se están cometiendo delitos, como sería en este caso la posible infracción del artículo 318 del Código Penal por no acatar las normas dictadas por la autoridad sanitaria en el contexto de la pandemia.

La otra ley que podría aplicarse es el Código Sanitario, que contempla en su Libro X, Título I, la posibilidad de que “para la debida aplicación del presente Código y de sus reglamentos, decretos y resoluciones del Director General de Salud, la autoridad sanitaria podrá practicar la inspección y registro de cualquier sitio, edificio, casa, local y lugares de trabajo, sean públicos o privados” (artículo 155 inciso primero). Pero el Código es claro en exigir que “cuando se trate de edificio o lugares cerrados, deberá procederse a la entrada y registro previo decreto de allanamiento del Director General de Salud, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario” (artículo 55, inciso segundo).  Además, en estos casos se requerirá siempre notificar al dueño o arrendatario (artículo 157).

Ante las críticas y dudas finalmente la SEREMI Labra ha aclarado el lunes 14 que dado que “las personas no pueden negarse a la autoridad sanitaria o a Carabineros”, y que estos funcionarios están autorizados para “hacer una orden de allanamiento” respecto de un domicilio, “siempre que sean fundados”,  en definitiva lo que importa es hacer un llamado “a la población a denunciar a las personas que no cumplan con las instrucciones de la autoridad sanitaria”.

Así que en definitiva la idea parece ser esta: invitar a la ciudadanía a denunciar posibles “delitos flagrantes” para poder exhibir en directo las diligentes y enérgicas fiscalizaciones en los hogares seleccionados.

Tal como con las leyes basadas en el populismo penal, lo que importa es el mensaje: mostrar señales de buen manejo de la pandemia invitando a la gente a “autogestionar” la represión, enviando fiscalizadores, policías y militares a la puerta de casa de sus vecinos desobedientes. Así de paso se sigue acostumbrando a la gente a tolerar la presencia policial/militar en las calles, casas, y recintos de votación.

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