Delirio Místico: "A mon seul désir" (Según mi solo deseo)

El “control de identidad” en manos de una policía deslegitimada y violenta como la chilena se ha transformado en una mortal pesadilla para quienes circulan por las calles y se hacen objeto de estos procedimientos.

Durante casi todo el siglo XX la policía tuvo a disposición el mecanismo de la “detención por sospecha”, autorizada por el viejo Código de Procedimiento Penal ante personas que se encontraren en circunstancias que hicieran presumir “malos designios”. Una ley aprobada en 1998, la N° 19.567, derogó esta polémica figura, identificada como causa de una permanente vulneración de derechos en desmedro de la juventud popular urbana. Al mismo tiempo esa ley incluyó en el Código Penal los delitos de apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, intentado así dar aplicación parcial a las Convenciones Internacional y Americana sobre la Tortura, de las que el Estado de Chile se había hecho parte.

Luego vino el cambio de siglo, la Reforma Procesal Penal, y con ella la regulación en el Código Procesal Penal del  nuevo “control de identidad”, concebido inicialmente como un mecanismo excepcional que habilitaba a la policía a exigir la identificación de una persona ante determinados “indicios” de comisión de delitos. Para ese entonces el “populismo penal” ya había sido adoptado transversalmente a ambos lados de la “democracia de los acuerdos”, y se hizo costumbre legislar para “dar señales” en lo que se definió como un “combate contra la delincuencia”. La mano blanda con el delito de los poderosos se compensaba con un permanente aumento de las facultades policiales en contra del común de la población. En esta campaña participaron alegremente derechistas y concertacionistas, liberales y conservadores, socialdemócratas de varios colores e incluso frenteamplistas, y gracias a ella se fueron ampliando sucesivamente los supuestos del control de identidad hasta hacerlo aplicable en base al mero criterio del funcionario policial, y extendiendo sus límites más allá de todo lo razonable hasta las 8 horas de duración.

Además, el gobierno de la Nueva Mayoría promovió y logró aprobar en el 2016 mediante la Ley 20.931 (conocida como “segunda agenda corta anti-delincuencia”) la creación de una nueva forma de control de identidad al que se llamó “preventivo”, que podía ser aplicada sin necesidad de invocar absolutamente ningún supuesto, con el único límite de no poder conducir a los controlados a recintos policiales y no ser practicado a menores de edad (1). 

El 2018 se aplicaron casi 4 millones y medio de controles preventivos, que ascendieron a más de 5 millones el año 2019, contra tan solo 300 mil controles “con indicio” (regulados en el CPP). Las cifras demuestran que a pesar de la prohibición legal expresa, cada año se aplican controles preventivos a decenas de miles de menores de edad.

En este escenario, resulta claro que la única convicción para tomar medidas en la materia es la que sintetizó muy bien la subsecretaria Katherine Martorell hace dos años al defender en el Congreso un nuevo proyecto para “fortalecer” los controles de identidad -haciendo los controles preventivos más intrusivos aún y aplicables a partir de los 14 años de edad-: “cuando una ha trabajado en este tema sabe que lo que hay que hacer es dar siempre más facultades a la policía”.

Este “fortalecimiento” avanzaba raudamente en el Congreso antes de la rebelión de octubre, gracias a votos de Demócrata Cristianos como los diputados Verdessi, Calisto y Silber, que únicamente pusieron como condición para apoyar esta ley piñerista que los controles preventivos se aplicaran a partir de los 16 años de edad en vez de a los 14. El fundamento de dicho “límite” tan generoso era, según expresaron solemnemente en la respectiva Comisión, su “humanismo cristiano”. Silber incluso llamó en su enérgica intervención en el hemiciclo el 16 de octubre de ese año a “volver a confiar en Carabineros”.

Dos días después de apoyar esta aberración jurídica en la Cámara de Diputados estallaba la revuelta del 18 de octubre, y este proyecto no volvió a ser mencionado.

El sábado 19, mientras los militares posicionaban sus tanques en la Plaza Italia, el diputado Gabriel Silber era fuertemente zamarreado por los Carabineros que custodian La Moneda mientras trataba de llegar con otros parlamentarios a entregar una Carta al Presidente Piñera. ¿Habrá cambiado de opinión, o insistirá en obsequiarle a la adolescencia la posibilidad de ser controlados por la policía sin necesidad de que exista un motivo razonable contemplado en la ley?

La nueva ley sobre fortalecimiento de los controles de identidad no siguió siendo tramitada, pero en aplicación de la normativa vigente (artículos 85 y 86 del Código Procesal Penal y artículo 12 de la Ley 20.931: por razones de “autodefensa jurídica” recomiendo tener estos textos legales siempre a mano) se han practicado innumerables detenciones ilegales, se ha torturado, apremiado y vejado a transeúntes y manifestantes (como en el emblemático caso de Arzola, “el paco nazi”, condenado junto a otro funcionario por cuatro delitos de tortura), además de usarse habitualmente después de octubre del 2019 como una forma eficaz de hostigar y sacar de circulación por un rato a manifestantes, prensa independiente, observadores de derechos humanos  y voluntarios de la salud.

Ahora un joven ha sido asesinado en Panguipulli por balas policiales en un procedimiento policial en que, bajo pretexto de controlarlo por hacer malabarismo en una esquina con machetes de utilería, se le intentó detener por no portar carnet de identidad y “resistirse al procedimiento”.

La violación de la normativa sobre detención, control de identidad y uso de la fuerza es tan flagrante y evidente que no sorprende que sólo en la franja del 22% se justifica esta verdadera ejecución extrajudicial como un acto de “legítima defensa”.

Si el “estallido social” de octubre de 2019 sirvió entre otras cosas para desnudar el terrorismo de Estado que yace siempre por debajo del Estado Policial que se ha ido construyendo hace décadas, dejando un mar de víctimas sobre el que se va lentamente pavimentando de nuevo la impunidad, el “despertar” que se ha encauzado por la vía del proceso constituyente no debería perder de vista en este momento histórico la necesidad apremiante, urgente e irrenunciable de poner fin a la violencia sistemática del Estado ejercida sobre el pueblo mediante sus aparatos armados.   

Si no es ahora, ¿entonces cuándo?

Cruzarse de brazos o entretenerse en procesos electorales varios es hacerse cómplice de un terrorismo de Estado que ya ha mutilado muchos cuerpos y destruido varias vidas y que sin duda lo seguirá haciendo si no lo detenemos ahora ya. 

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