Delirio Místico: "A mon seul désir" (Según mi solo deseo)

“Menos cóndor y más huemul” (Gabriela Mistral)

El “humanismo cristiano” -que dice encarnar en Chile hasta hoy el Partido Demócrata Cristiano- proviene de la evolución política que tuvo en el período de entreguerras mundiales un sector de la juventud del Partido Conservador. No deja de sorprender que a su vez, a fines de los 60, la juventud DC se radicalizara por izquierda dando lugar a la formación de partidos como el MAPU (del que derivó en los 80 nada menos que el Lautaro) y la Izquierda Cristiana (que era el partido de Elizalde -jefe actual de lo que queda del PS-, más o menos hasta 1989).

Hacia 1936, cuando esos jóvenes conservadores disidentes fundaron la Falange Nacional, Gabriela Mistral era una de las principales simpatizantes, como demuestra su correspondencia con Frei Montalva (1). Pese a sus diferencias con el “extremismo de izquierda” -que repudiaba en todas sus versiones, tanto como al nazi/fascismo (2)- una anécdota de su paso por Magallanes revela su profunda humanidad.

Relatamos este evento de hace un siglo, para luego contrastar su actitud con el comportamiento de uno de sus “nietitos” políticos: el actual candidato a Gobernador de la Región Metropolitana, don Claudio Orrego.

1.- Punta Arenas, 1918

Tal como hoy, hace 100 años el país hervía en agitación social y política. En el extremo austral los obreros de Puerto Natales se alzaron en enero de 1919 contra de sus patrones –la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y sus capataces ingleses y alemanes-, en una gran insurrección que fue reprimida con gran despliegue de fuerza policial y militar desde ambos lados de la frontera chileno-argentina, y con muertos en las filas policiales y obreras.

En esos parajes extremos de América del Sur Chile y Argentina no están divididos por cordillera alguna, y tanto el territorio como su gente se confunden, en una mezcla de orígenes y acentos, que en esos años implicaba además la adopción de formas muy combativas de organización, con claro predominio anarquista. Eran los tiempos de la “Patagonia rebelde”, descrita en el famoso libro de Osvaldo Bayer que fue llevado al cine, y de la acción directa de anarquistas como Severino de Giovanni y Simón Radowitzky al otro lado de la cordillera de Los Andes, Efraín Plaza Olmedo y Antonio Ramón Ramón de este lado.   

Simón Radowitsky, de origen ucraniano, ajustició al coronel Ramón Falcón, bajo cuyo mando la policía había reprimido la manifestación del 1 de mayo de 1909 causando varios muertos y heridos, en lo que se ha conocido como la “Semana Roja”. El 14 de noviembre del mismo año, en una acción estrictamente individual, arrojó una bomba casera al vehículo en que iba Falcón, causándole la muerte. Fue capturado tras dispararse al pecho y gritar “Viva el anarquismo”. Por su acción fue encarcelado, y por temor a fugas se le envió al presidio más austral del mundo, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, donde el límite con Chile más que meramente administrativo es totalmente imaginario: un conjunto de líneas casi rectas en un mapa.

Ignorando esas fronteras arbitrarias, hasta Ushuaia llegaron dos anarquistas a rescatarlo en una pequeña embarcación el 7 de noviembre de 1918, con la cual lograron llegar por el Estrecho de Magallanes hasta a Península de Brunswick, donde fueron alcanzados cuatro días después por un barco de la Armada. Fueron apresados pero Simón huyó a nado en esas frías aguas donde un cuerpo humano no resiste muchos minutos.

En su fuga, Radowitsky llegó a la ciudad de Punta Arenas, donde la represión militar de la creciente agitación obrera se había tomado las calles. Toda la región era, a pesar de su extremo aislamiento, era uno de los lugares de vanguardia del proceso de acumulación del capital, que poco antes y como condición previa había aniquilado a la casi totalidad de las poblaciones originarias (kawesqar, selk´nam y yaganes) (3).

Cabe destacar que el aparato represivo de esos años era bastante original: no sólo las policías colaboraban con el Ejército y la Armada, sino que se producía una combinación internacional de dichas fuerzas, con incursiones del Ejército argentino en territorio chileno para colaborar en la captura y ejecución de revoltosos, y con grupos de “patriotas” que en colaboración con militares y policías realizaron acciones tales como el incendio de la Federación Obrera el 27 de julio de 1920. Seis días antes en Santiago una horda patriotera atacó el local de la FECH, dando inicio a una fuerte represión policial y judicial contra estudiantes y obreros, producto de la cual resultó muerto el poeta anarquista José Domingo Gómez Rojas.

Simón entró a un inmueble, que resultó ser el Liceo de Niñas, cuya directora era Gabriela Mistral. El hecho es relatado por la pluma del escrito magallánico Roque Esteban Scarpa en “Desterrada en su patria” (4). Una síntesis de dicho relato la ofrece Ramón Arriagada en su libro sobre la insurrección de Puerto Natales (5):

“Cuando dio con tierra firme en la costa frente a Punta Arenas, Radowitzky llegó a una calle al costado del Liceo de Niñas, sacó las últimas fuerzas y corrió hacia la última puerta abierta que encontró. Una de las profesoras del establecimiento venía de terminar las clases nocturnas de Educación Popular, vio pasear una sombra hacia el pasillo del interior. Con temor se dirigió al corredor y encontró a un hombre empapado; tembloroso, con tono desfalleciente, le pidió que lo escondiera, ya que le estaba buscando”.

La profesora, Laura Rodig, al escuchar que se había fugado de Ushuaia estuvo dispuesta a ayudarlo. Le solicitó a la directora que terminara su clase y le explicó lo sucedido y su plan: “Pensaba vestirlo de mujer y conducirlo a un lugar que recordó como posible refugio”.  La respuesta de Gabriela fue clara: “rotundamente le respondió ‘¡No! Ese hombre no sale a la calle. No sale al peligro’. Sin haber hablado con él, Gabriela Mistral había intuido: en la calle, estaban deteniendo a todos los transeúntes. No se trataba de un caso de justicia común, sino un hecho de cierta trascendencia internacional”. Concluye Scarpa:

“Corriendo todos los riesgos, Gabriela lo amparó, sin preguntarle siquiera su nombre, que sólo supo más tarde, por los comentarios de la prensa, cuando amainó la búsqueda, le permitió partir”.

Simón fue recapturado y llevado una cárcel flotante, y luego de regreso a Ushuaia donde se le mantuvo dos años en aislamiento solitario y con media ración de comida y agua. La rabia estalló entre los obreros anarquistas de Buenos Aires, donde una huelga en los Talleres Vasena deriva en una gran rebelión con enfrentamientos. La represión dejó cerca de 700 muertos y decenas de desparecidos en la llamada “Semana Trágica” (7 al 11 de enero de 1919), considerada uno de los primeros procesos de terrorismo de Estado en Argentina. El mismo Gobierno del radical Hipólito Yrigoyen condujo dos años después la represión y fusilamiento de obreros en huelga en la Patagonia.

Finalmente Radowitsky abandonó el presidio al ser indultado en 1930, tras 21 años de encierro, y expulsado a Uruguay. En 1936 se alistó en las Brigadas Internacionales para combatir en la guerra de España.

Gabriela permaneció un tiempo más en Punta Arenas, donde su amigo Julio Munizaga, abogado y poeta que la había acompañado a la “tierra sin primavera”, se dedicó a  la defensa de varios de los obreros encarcelados por la insurrección de Natales, los últimos de los cuales fueron liberados en marzo de 1923.  

2.- Santiago, 2017

Un siglo después, un año antes de la “explosión feminista” y dos antes del “estallido social” de octubre de 2019, el DC Claudio Orrego en su cargo de Intendente Metropolitano se dedicó a reprimir duramente variadas formas de protesta social que se estaban incrementando, y recurrió en varias ocasiones al mecanismo de expulsar a ciudadanos extranjeros por su adhesión a las ideas del anarquismo.

El Intendente Orrego se apoyó en informes policiales que indicaban “participación en actividades anti sistémicas de la escena anarco-libertaria de Chile” (6), y dando aplicación al Decreto Ley N° 1.094 de la dictadura de Pinochet, que desde 1975 y hasta ahora regulaba la situación de los extranjeros en Chile (7), dictó sendas órdenes de expulsión.

Este DL establece en su art. 15 N° 1 la prohibición de ingreso al país de “los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado”.

El caso más conocido fue el del periodista italiano Lorenzo Spairani, que estaba en Chile desde octubre de 2016 como becario de la Unión Europea, trabajando con organizaciones  sindicales, y sufrió una “expulsión express” en febrero del año siguiente, decretada por Orrego, que señaló que su participación en actividades no especificadas por un Informe secreto, alteraba el orden social y ponía en peligro al Estado de Chile. La PDI le notificó el decreto de expulsión en su domicilio, lo detuvo en un cuartel, y en menos de 24 horas lo subió a un avión con rumbo a Italia.      

La Corte Suprema (Amparo Rol 7080-2017) declaró que la resolución del Intendente Orrego carecía de “motivación fáctica, transformando el acto administrativo en una mera afirmación de autoridad, sin respaldo, y sin dar al afectado posibilidad alguna de ejercer sus defensas, lo que resulta inaceptable en cualquier actuación de la Administración Pública”.

El recurso de amparo fue acogido, así como también otros recursos presentados por ciudadanos argentinos, peruanos y ecuatorianos que también fueron expulsados del mismo modo (8).

Colofón

Se aprecia un contraste profundo entre los dos momentos y acciones que hemos referido: mientras Gabriela no vacila en arriesgar su libertad y seguridad para salvar la vida del anarquista prófugo, a pesar de no compartir su ideario ni acciones, al Intendente Orrego no le tiembla la mano para aplicar la seudo-legislación de la Junta Militar de Gobierno para poder expulsar ilegal y arbitrariamente a extranjeros que consideraba indeseables por sus ideas y actividades anarquistas.

¿Qué pasó entremedio con los “humanistas cristianos”? Mucha agua bajo el puente como para resumirla en este cierre, pero puedo dar fe de que aún a mediados de los 80 existían muchos jóvenes DC que se unían sin problemas a las juventudes de izquierda en la protesta contra la dictadura. Se autodenominaban JDC-R (por “resistencia” o “revolución” (9)), o “chascones”, por oposición a los DC “guatones” (conservadores y/o más inclinados a la derecha).

¿Qué habrá sido de ellos después de 1988? ¿Se extinguieron tal como las facciones más combativas de la Juventud Socialista? Es muy posible. Mientras tanto, repitamos con Gabriela:

- cóndor (que el final es sólo un “buitre hermoso”, o sea un carroñero)

+ huemul (animal que casi nadie en Chile ha visto, y que está en serio peligro de extinción).

Etiquetas: acumulación originaria del capital, anarquia, capitalismo y catástrofe, poesía, represión, solidaridad, tierra del fuego

(Mapa de saqueos en la Región Metropolitana durante el "estallido social". Fuente: SOSAFE)

Hace relativamente poco tiempo me di el trabajo de ver en Netflix la excelente serie chilena “El reemplazante”, adecuado retrato de la educación “particular subvencionada” en un Liceo de la periferia metropolitana, y que por obra y gracia del sistema de financiamiento a la cultura en Chile en su momento fue transmitida por TVN pero sólo alcanzó a tener dos temporadas.

Una parte de la Segunda Temporada me pareció particularmente bien lograda: cuando muestran que los narcotraficantes que operan en las inmediaciones y al interior del Liceo ven con muy malos ojos la inminente posibilidad de movilizaciones estudiantiles, tales como marchas y tomas, pues atraen formas intensas de acción policial que les dificultan la buena marcha habitual del negocio. En consecuencia, hacen todo lo que pueden por evitar o boicotear las protestas.

Cosa muy distinta es lo que creen ciertos sectores de la elite chilena, a través de sus portavoces intelectuales, que desde los inicios de la rebelión de octubre de 2019 y hasta hace poco han pontificado largamente acerca de cómo una de las “siete cabezas” del estallido (o “kabezas”, como las denomina el urbanista Poduje en un laureado ensayo (1)) la aportó el narcotráfico de las poblaciones o “barrios críticos”, que habrían visto en este momento de anarquía una oportunidad inmejorable de incrementar sus operaciones.

En una versión incluso más audaz, el profesor Waissbluth sostuvo desde diversas columnas que la veta “antipolicial” de los narcos los habría motivado a una alianza con los anarquistas, enemigos naturales de las policías, y en base a este objetivo común se habría generado una combustiva amalgama, dando carne al nuevo sujeto peligroso de nuestro tiempo: la bicéfala entidad del lumpen “anarco/narco”.

Así, en una desesperada columna publicada  el 25 de noviembre, el experto en educación afirmaba –no sabemos en base a qué fuentes, pues no las señala- que “la mayoría de los violentistas están o estuvieron en la educación pública. Sus niveles de violencia, que continúan en la quinta semana de la explosión, son inusitados, aberrantes, ciegos, nihilistas, destruyen lo que se les ponga por delante”.

Hilando un poco más fino llega a decir que “este pequeño pero muy potente ejército de violentistas, tal vez unos 10 mil, no son lo mismo que el muy pequeño grupo de anarquistas, unos 50 o 100, cuyos propósitos son muy diferentes, así como sus compinches narcos y de barras bravas, que a su vez también incluyen a narcos y anarcos. El núcleo más turbio de la sociedad” (2). 

Esta “guerra narcoanarquista” se inició según Waissbluth en “una secuencia coordinada de atentados que por su magnitud pasará a la historia mundial del anarquismo. Tan solo las 57 estaciones de Metro, de las cuales las primeras siete fueron simultáneas, son suficientes para la medalla de oro olímpica. No ha habido nada parecido en magnitud por muchas décadas, en el mundo”. Y por supuesto que, a diez días del 15 de noviembre, el profesor nos advierte que a “los narcoanarquistas los pactos sociales o constitucionales no les interesan, todo lo contrario, les complican su negocio” (3).

Esta “teoría” no fue sostenida sólo por Waissbluth, sino que es parte medular de las declaraciones de guerra hechas por Piñera y su gobierno, y también integra las diversas versiones conspirativas con que la vieja y la nueva extrema derecha intentan explicarse qué pasó en Chile el 18 de octubre de 2019.

Una investigación publicada en CIPER en el mes de marzo da cuenta de las dos principales versiones de las “teorías del complot” en la explicación del estallido: la “teoría de la agitación”, que responsabilizó como promotores del sabotaje a regímenes extranjeros de izquierda, cantantes e incluso fans del pop coreano o K-POP- y la “teoría del lumpen”, que “puso el foco en los anarquistas y narcotraficantes y su intención de erosionar el Estado de derecho” (4).

Según Dammert y Sazo, de acuerdo a la “teoría del lumpen” “para ambos grupos, el gobierno de Piñera habría sido un objetivo de desestabilización  particularmente atractivo. En el caso de los anarquistas, Piñera representaba el establishment y la defensa del statu quo (…) Para los narcotraficantes, el gobierno de Piñera encarnaba un obstáculo para el desarrollo de su mercado ilegal. Este argumento encontraba fundamento en el discurso de mano dura que Piñera desplegó en la campaña presidencial de 2017”. Entonces, “al tener un enemigo político compartido, los grupos anarquistas y narcotraficantes habrían establecido una forma avanzada de colaboración”, cuyo objetivo central habría sido  “facilitar las condiciones para la ocurrencia de disturbios a gran escala en todo el país”. En esta alianza operaría una especie de división del trabajo: “Si los grupos antisistema estaban a cargo de crear desórdenes y barricadas en las zonas urbanas, los narcotraficantes se habrían dedicado al saqueo de supermercados y al ataque de sedes policiales y estaciones de metro en las zonas periféricas” (5).

“Nada más práctico que una buena teoría” decían por ahí. Y nada más inútil para una adecuada conservación del orden que estas “construcciones teóricas” basadas en generalizaciones propias de ciencia social de baja calidad mezcladas con prejuicios y temores de clase. En efecto: en los momentos álgidos de la calurosa primavera del 2019 quedó claro que la falta de comprensión de lo que estaba en verdad ocurriendo, unida a una gestión menos que mediocre de los medios de control represivo a disposición del Poder fue un poderoso acelerante para que varias chispas terminaran incendiando la pradera.

Pues bien, volvamos al otoño de 2021: tenemos malas noticias para la versión “narco/anarco” de estas teorías del complot, las que nos llegan tras analizar el Informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía de Chile (6).

En primer lugar, porque del total de 24.940 personas detenidas por delitos de robo, hurto, receptación y desórdenes públicos durante los primeros 40 días del estallido sólo el 10% (2431) de ellas tenían antecedentes por infracción a la Ley de Drogas. La cifra adquiere más sentido si consideramos que en los 40 días previos el 18% de los detenidos por esos delitos tenía antecedentes por Ley de Drogas (780 personas).

Más interesante que eso, el Informe de cuenta de que “consultadas las jefaturas policiales de las unidades especializadas en drogas de ambas policías en la Región Metropolitana, sobre la existencia de indicios en las escuchas de interceptaciones telefónicas, que pudieran señalar la participación de organizaciones para el narcotráfico en los saqueos, respondieron categóricamente que no existían. Ello no se contrapone con lo señalado por Carabineros de Chile, en el sentido que existió una presencia narco numerosa en los saqueos, ya que efectivamente la cifra absoluta de detenidos en el país por este delito y con antecedentes por infracción a la Ley de Drogas en saqueos, en los 40 días anteriores al estallido, y los 40 posteriores, en el país, es ostensiblemente superior: de 780 imputados, se pasó a 2.431” (7).

Pese a ese incremento numérico, pero no proporcional, el Informe es enfático: “De lo anterior, es posible concluir, que, si bien pueden existir casos de organizaciones para el narcotráfico que participaron como tales en los saqueos durante el estallido social, no hay antecedentes suficientes para afirmar que su participación fue masiva ni sostenida en el tiempo y probablemente reducida a sus eslabones menores, como lo señaló el Fiscal Nacional en su momento, donde la oportunidad de lucrar con la reducción de bienes de alto costo, les representaba una utilidad similar e incluso superior, que la venta habitual de unas pocas dosis de droga” (8).

Otra de las conclusiones más destacables a efectos de comprender lo que en realidad ocurrió en el llamado “estallido social”, un proceso social tan rico y complejo en cuyo análisis podríamos pasar varios años más, es que la tan asumida relación entre la práctica de los saqueos y los “barrios críticos” tampoco se confirma según los datos recopilados:

“Un mapa obtenido desde la plataforma SOSAFE (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1QiyBfBytdx0bobo0YrwXNniwpxrRc7sC&ll%20=-33.49888802184857%2C-70.74625592918824&z=16&ll=-29.900348672197445%2C-71.62797968726301 ), que georreferencia las denuncias por saqueos durante el estallido social, nos permite apreciar que estos actos delictuales no siguieron un patrón determinado, menos de cercanía a barrios críticos, los que por cierto también abarcan. Simplemente se expandieron por todo Santiago” (9).

El gráfico que se exhibe en la página 204 es impresionante: los puntos que señalan saqueos se aprecian por todo el mapa de Santiago formando grandes manchas rojas en prácticamente todas sus comunas. De todos modos, la Fiscalía no niega la relación entre saqueos y algunos “barrios críticos” como en la Plaza Puente Alto y la Estación Intermodal la Cisterna, pero descarta en principio que ello sea un eje esencial en el despliegue territorial de los saqueos, ni tampoco una hipótesis explicativa de su ocurrencia”.

Terminando de destruir los delirios bélicos del señor Waissbluth, el Informe de la Fiscalía desmiente también la relación entre protestas violentas y el “poder de fuego” que según muchos expertos destacan sería suministrado por los narcos en fechas clave como el 11 de septiembre o el Día del Joven Combatiente (29 de marzo). Durante el “estallido”, esto derechamente no ocurrió:

“¿Por qué no hay evidencia de que ello sucediera durante el estallido social? Es muy poco probable un compromiso a mayor escala por parte del narcotráfico, especialmente desde sus organizaciones, puesto que al narcotraficante un escenario de estallido social, le dificulta la venta de drogas, escenario donde las calles de vuelven un espacio incierto, y hemos visto que siempre existe una preocupación de parte de estos delincuentes, de “pacificar” los territorios que dominan, para facilitar la venta de drogas. Un escenario de estallido social incluso limita la posesión de dinero efectivo, esencial para concretar cualquier transacción de drogas. Ello no niega la participación, aunque proporcionalmente disminuida, como demuestran las estadísticas, de los eslabones menores del narcotráfico donde algunos microtraficantes aprovecharon una oportunidad de lucrar participando en los saqueos durante el estallido social, pero ello está muy lejos de representar una voluntad de enfrentamiento con las fuerzas del orden”.

Es decir que hasta acá tenemos la confirmación de que en la serie “El reemplazante” saben (y enseñan) más de urbanismo, criminología, subculturas y economía política que varios expertos juntos. Pero en fin, no nos ensañemos con ellos ahora pues es evidente que en aquellos días y semanas la potencia multiforme del pueblo en las calles destituyendo al antiguo régimen los tenía profundamente estresados y muy asustados” (10=.

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