Delirio Místico: "A mon seul désir" (Según mi solo deseo)
"La discusión sobre el comunismo no es académica. No es un debate sobre lo que se hará mañana.
Desemboca en, y forma parte de un conjunto de tareas inmediatas y lejanas de las que no es más que un aspecto, un esfuerzo de comprensión teórica" (Gilles Dauvé)
sábado, noviembre 07, 2020
Masayoshi Urabe, Un bruto/Encuentros cercanos con el control de identidad
Masayoshi Urabe tiene un impresionante album doble, A Brute. Usa el saxo alto de una manera que no tiene similitudes frmales al menos con el estilo de Kaoru Abe, pero sí que opera al mismo nivel de radicalidad, sobre todo en el uso de todo el cuerpo, y caracterizándose tal vez por la centralidad que le otorga a los silencios.
"Un bruto" no está en youtube, pero hay bastantes buenos materiales como este concierto solista en Shinjuku el 2010 o su performance "Anarquismo Dual", de 2001, junto a Mukai Chie.
Ya está lista la segunda parte del especial ACAB en revista Carcaj.
Va una contribución. ¿Para qué sirve? Si se pregunta eso, no la lea.
ENCUENTROS CERCANOS CON EL CONTROL DE
IDENTIDAD
Introducción:
los dos controles
Actualmente la policía cuenta con dos herramientas
para poder retener a una persona en la vía pública y exigirle que se
identifique.
La primera, que existe desde 1998, es el control de
identidad a secas, que la policía suele denominar “investigativo” porque está
regulado en el artículo 85 del Código Procesal Penal. De acuerdo a este tipo de
control se puede solicitar a cualquier
persona, desde los 14 años de edad en adelante, que se identifique ante ella
con documentos oficiales (cédula de identidad, pasaporte, carnet de conducir).
Los motivos, que no sólo autorizan sino que obligan a los funcionarios de
Carabineros e Investigaciones a realizar este control, han ido aumentando en el
tiempo, luego de varias modificaciones legales, y son hoy en día los
siguientes: 1.- si es que consideran que hay indicios de que se podría haber
cometido un delito o estar a punto de cometerlo, 2.- si creen que alguien puede
suministrar informaciones sobre un delito ya ocurrido 3.- si una persona se
encuentra encapuchada, y 4.- cuando tengan cualquier antecedente de que alguien
podría tener órdenes de detención pendientes.
Las facultades que le entrega el Código Procesal Penal a las
policías permiten no sólo el exigir documentos, sino que además mientras
realizan este procedimiento pueden registrar las vestimentas, equipaje y
vehículo de la persona controlada. Si la persona no colabora, sea por negarse a
identificarse o a ser registrada, es posible que la conduzcan hasta un recinto
policial, hasta por 8 horas, aunque la ley es clara en señalar que la persona
no está detenida, así que no podría ser mantenida en calabozos ni en el mismo
espacio con detenidos. Cualquier infracción de las policías a esta normativa
sería constitutiva del delito del artículo 255 del Código Penal, conocido como
“abuso a particulares”.
La segunda forma es el control preventivo de identidad,
creado y regulado en el artículo 12 de la Ley 20.931 (la segunda “agenda corta
antidelincuencia” de Bachelet, del año 2016).
Este control puede ser aplicado a cualquier persona mayor de
18 años, sin necesidad de ningún indicio ni supuesto, con el único límite de no
poder revisar bolsos ni poder conducir a la persona a una comisaría. Como
contrapartida, esa misma Ley obliga a las policías a crear un “procedimiento
estandarizado de reclamo” y al Ministerio del Interior a publicar
trimestralmente cifras detalladas para poder analizar posibles abusos y
aplicación discriminatoria de estos controles. Ninguna de esas obligaciones se
ha cumplido íntegramente.
Cabe destacar a pesar de su semejanza,ni siquiera la “detención por sospecha”
-regulada en el antiguo Código de Procedimiento Penal y que existió entre 1906
y 1998- era tan arbitraria como este control preventivo, pues tenía dos
supuestos que aunque eran muy vagos apuntaban a cuestiones tales como andar a
deshoras, en circunstancias que hagan presumir malas intenciones, con disfraz,
y/o no dar una explicación razonable del comportamiento sospechoso. Por eso es
que con mucha razón se ha dicho que el control preventivo es una auténtica
“detención sin sospecha”.
A continuación refiero tres casos de aplicación del control
de identidad propiamente tal, porque sirven para analizar las formas en que en
concreto se aplica el sistema penal, y porque discutir casos podría servir para
defenderse de posibles actuaciones abusivas.
Y no es que crea que en sí mismo el Derecho sirva para
frenar o evitar la violencia policial, de hecho, ni siquiera es muy apto para
sancionarla, pero tal como recomendó Joe Strummer, es mejor si “conoces tus
derechos” (The Clash, Combat Rock, 1982).
CASO 1: VILLA FRANCIA, CONTROL SIN
INDICIOS
Corría el verano del año 2014 y en la Villa Francia se realizaba
una interesante actividad cultural con exposiciones, música en vivo, danza,
teatro y comida. Al retirarnos con familia y amistades vemos a lo lejos a un
chico y una chica que también se iban yendo, parados al lado de un
radiopatrulla desde el que se había bajado un carabinero. Me acerco a preguntar
qué pasa, y el funcionario me dice: “el que está cargo es él”, mientras apunta
al que está al volante.
Me presento como abogado, él se baja, le consulto si están
realizando un control de identidad, y responde afirmativamente. Cuando le
pregunto cuál era el indicio en que se basaban para realizarlo me responde:
“Ah: es que ella anda sin carnet”. Le digo: “Pero me imagino que de eso se
dieron cuenta una vez que se lo pidieron. Lo que yo quiero saber es el por qué”.
El funcionario responde: “Tengo entendido que nosotros
podemos realizar controles discrecionalmente, a quien queramos”.
Por suerte ando trayendo el Código Procesal Penal. La
intuición fundada de que podía pasar algo así me hizo poner en mi mochila ese
instrumento de trabajo. Se lo muestro muy bien subrayado en el artículo 85: “Los funcionarios policiales señalados en el
artículo 83 deberán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la
identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las
circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o
intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a
cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación
de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se
encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad”.
El policía lo lee atentamente, y al terminar me dice:
“Abogado, ¿esto es así, cierto?”
Respondo: “Es lo que dice el legislador, en la versión
actual del Código,por eso quiero saber…
¿en cuál supuesto se encontraban estos dos jóvenes cuando ustedes les pidieron
los carnet?”.
El funcionario guarda silencio, me pide el Código y entra al
radiopatrulla, donde hay dos o tres funcionarios más. Cierran la puerta. Al
rato la abre y me pregunta quién soy yo. Le paso mi carnet, cuya parte
posterior indica que soy abogado, cosa que me vi obligado a hacer al renovar
carnet hace mucho tiempo, dada la tendencia natural de la policía a no creer
que alguien con barba y pelo largo en jeans y polera posea en efecto dicho
título sagrado, cuya obtención en la Excelentísima Corte Suprema de la
República de Chile está condicionada a jurar por Dios y los Santos Evangelios.
Cierran la puerta de nuevo. Se produce un largo silencio en
que veo a los dos chicos y el resto de las personas muy atentas esperando el
desenlace de esta defensa en terreno. Combato el leve nerviosismo que esta
gestión me causa escuchando atentamente el canto de chincoles y chercanes que a
esa hora de la tarde dan un hermoso concierto en los árboles de la Villa.
Alcanzo a recordar que al gran jazzista Eric
Dolphy (1928-1964) le gustaba tocar sus aerófonos en compañía de los cantos
de estas pequeñas criaturas…La muerte de Dophy fue tan
extraña como la de Hendrix (asesinado por el racismo de los enfermeros que lo
atendieron y lo sentaron mal en la ambulancia) o Albert Ayler (todavía no
sabemos qué fue lo que hizo que terminara flotando en el río), y podría decir
que si bien no lo mató la policía, fue de todos modos una víctima del sistema:
“Dolphy colapsó en el escenario en Berlín y fue llevado a un hospital. Los
médicos del hospital no tenían idea de que Dolphy era diabético y con una
visión estereotipada de los músicos de jazz relacionados con el abuso de
drogas, pensaron que se trataba de una sobredosis. Lo dejaron en una cama de
hospital para que las drogas siguieran su curso”.
Salvo esa discreta sinfonía hay un silencio absoluto.
La policía estudia el texto. Todos esperan. Todos miran.
Pasa así una pequeña eternidad cuando de repente se abre la
puerta y sin bajarse del carro el policía nos dice: “Joven, abogado: aquí están
sus carnets. Buenas tardes”. Aceleran y se retiran en el vehículo policial a
una velocidad discreta.
La ley cambió un poco desde ese entonces: ahora el artículo
85 ahora exige que exista “algún indicio”, así que por estar en singular y no
en plural bastaría con uno solo, aunque en este caso no había ninguno. Además
desde el 2016 se creó además el control preventivo de identidad (artículo 12 de
la Ley 20.931), que no requiere de indicios de ningún tipo y ahora sí puede
hacerse de manera totalmente discrecional, como creía el policía en Villa
Francia esa tarde, anticipando en cierta forma esta modificación legal que
ahora se expresa en la coexistencia de los dos tipos de control.
CASO 2: ESTUDIANTES SANTIAGUINOS,
CONTROL CON INDICIO DUDOSO, DERIVA EN DETENCIÓN Y ES DECLARADO ILEGAL POR JUEZ
DE GARANTÍA
En marzo del 2012 se realizó una gran marcha estudiantil que
daba continuidad al movimiento del 2011. Dentro de los numerosos detenidos de
ese día, había tres estudiantes de una Universidad privada ubicada en pleno
Santiago Centro que habían sido controlados con revisión de bolsos antes del inicio
de la manifestación, encontrándoseles diversos elementos que para la policía
ameritaron convertir el control de identidad en detención por flagrancia.
Lo curioso fue lo que posteriormente decidió la Fiscalía,
pues tanto un estudiante que portaba una honda como una estudiante que tenía
dos botellas con pintura fueron dejados en libertad después de unas cuantas
horas, bajo el “apercibimiento” del artículo 26 del Código Procesal Penal (figura
que se aplica cuando los delitos son tan leves que no ameritan en rigor una
detención, y por eso las personas son dejadas en libertad luego de señalar un
domicilio).
El tercer estudiante, a quien se le había encontrado en la
mochila un envase plástico conteniendo una pequeña cantidad de amoniaco, quedó
detenido para pasar al otro día al primer bloque de audiencias de control de
detención en el 7° Juzgado de Garantía (Santiago Centro), bajo la imputación de
haber cometido una infracción a la Ley de Control de Armas y Explosivos.
En la audiencia donde se controló la detención hicimos ver
junto a mi defendido que el gas conocido como amoniaco (NH3) tiene una sola
finalidad en estos contextos: inhalarlo para despejar las vías respiratorias y
poder respirar en medio de la gran nube de gas lacrimógeno que usa Carabineros
para disolver las manifestaciones. Así que lejos de ser una herramienta
ofensiva, es un elemento meramente defensivo, mucho más eficaz por cierto que
echarse agua en el rostro (lo que empeora notablemente los efectos de los
gases), o comprar limones a los vendedores ambulantes que se instalan en las
calles ante estas contingencias.
Pero más importante que convencer de eso al juez, que creía
hasta ese momento que el amoniaco servía para hacer bombas y arrojarlas a la
policía, fue dar lectura al parte policial que informaba que el control de
identidad se había efectuado en razón de que estos tres estudiantes habían
procedido a “gritas consignas a viva voz”, causando con eso una “alteración del
orden público” en la calle en que se encontraban.
Una vez demostrado en base al mismo parte policial y otros
antecedentes que los estudiantes estaban en la acera, por donde centenares de
personas se desplazaban con lienzos y en medio de diversos cánticos al punto de
inicio de la marcha convocada en Plaza Italia, lo que tornaba el “indicio” en
algo bastanteridículo, el juez de
garantía procedió a declarar ilegal la detención, y el fiscal fue razonable y
dejó las cosas hasta ahí. Destaco esto porque a partir de las modificaciones
introducidas al CPP en el 2008 por la primera “agenda corta anti-delincuencia”
(promovida por el primer gobierno de Bachelet) se permite a la Fiscalía
formalizar cargos contra una persona a pesar de que su detención haya sido
declarada ilegal).
Como sea, a pesar de lo absurdo de las acusaciones, el
estudiante –que no había tenido contacto previo con el sistema penal- estuvo
detenido por más de 24 horas.
CASO 3: MERODEADORES CON ASPECTO
ANARQUISTA, CONTROL CON INDICIO DUDOSO, DERIVA EN DETENCIÓN Y ES VALIDADO POR
JUEZA DE GARANTÍA
En mayo del 2014 se realiza un
Conversatorio en un Centro Social Ocupado de la comuna de Pudahuel. Carabineros
se mantiene cerca realizando controles de identidad toda la tarde a cualquier
persona que parezca ir yendo o retornando de la actividad. En uno de ellos,
realizado a dos personas que iban caminando junto a sus bicicletas, encuentran
dentro de la mochila de una de ellas un cortaplumas pequeño.
El control se convierte en detención
por delito flagrante de “porte de arma blanca” (art. 288 bis del Código Penal).
Se trata de un delito bien curioso, inventado en el año 2004, porque el propio
texto legal señala que el porte está penalizado sólo si es que no se logra “justificarlo
razonablemente”. La justificación en este caso no es aceptada: se usa para desmontar
la cámara si resulta necesario hacer reparaciones a la bicicleta.
En la audiencia de control de
detención, al otro día en la tarde, reviso el parte policial: “La Central de
Comunicaciones de Carabineros fue alertada mediante un llamado anónimo de que
merodeaban por el sector dos personas con bicicletas y aspecto anarquista”.
Como ya se ha quedado claro
recientemente con el caso de dos personas que estuvieron encarceladas gracias a
un “testigo reservado” que dijo que habían quemado un bus, todas esas
actuaciones “anónimas” suelen encubrir las andanzas de la propia Inteligencia policial.
En este caso, tratamos de que se
declarara la ilegalidad de la detención, cuestionando el que el andar caminando
por ahí con “aspecto anarquista” puedo constituir un indicio serio de los que
exige el artículo 85. Además, ¿en qué consiste ese aspecto anarquista? ¿En qué
se diferencia del aspecto marxista, rastafari, animalista, o….? No tiene ninguna lógica más
allá que la de criminalizar visualmente a un conjunto de “contraculturas” que
la policía y un sector de la sociedad han construido como sospechosas de
disidencia política radical. Se trata ni más ni menos que de una nueva forma de
detención por sospecha.
La Jueza de Garantía señala que no le
gustan las denuncias anónimas, y que en efecto controlar a alguien por su
aspecto es una detención por sospecha, pero que…el parte indica de todos modos
que los jóvenes andaban “merodeando”, y que eso sería para ella lo que
configura el indicio de que tal vez querían cometer un delito, por lo cual
procedió a declarar la legalidad de la detención.
Merodear según el Diccionario es:
“vagar por las inmediaciones de algún lugar”. Así que tengan cuidado si les
gusta caminar a la deriva, o asegúrense de presentar un aspecto de ciudadano
respetable, amante de la ley y el orden, la explotación y la dominación.
Por otra parte, si en verdad quieren ir a votar y no se consideran anarquistas sino que comunistas, es mucho más fácil buscar argumentos y citas históricas que avalen su postura. Entiendo que hasta Amadeo Bordiga, el "abstencionista", acató la disciplina leninista cuando implicaba ir a votar. Mucho mejores que algo que andaba diciendo una "comunista libertaria" en cuanto a que votar o no votar no se trata de principios sino que de métodos.
Por ejemplo Marx y Engels, en el Manifiesto Comunista (1847/8): "Resumiendo: los comunistas apoyan en todas partes, como se
ve, cuantos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y
político imperante.
En todos estos movimientos se ponen de relieve el régimen de
la propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos progresiva que revista,
como la cuestión fundamental que se ventila.
Finalmente, los comunistas laboran por llegar a la unión y
la inteligencia de los partidos democráticos de todos los países.
Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus
ideas e intenciones. Abiertamente
declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia
todo el orden social existente. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes,
ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que
perder, como no sea sus cadenas. Tienen,
en cambio, un mundo entero que ganar".
No sé si es tan clara hoy en dia esta cuestión, pero es evidente que ahi justifican un cierto etapismo que a mi juicio hoy no tiene mucha base social, pues aunque la mayoría hable de "oligarquía", es la burguesía la que ya domina en Chile hace muuuuuucho tiempo.
"La contra-revolución molecular" fue publicada en la revista CARCAJ, que adjuntó esa tremenda foto de una acción antifascista ejecutada solitariamente por una viejita en la ciudad sueca de Lund, donde los fascistas solían marchar una vez al año en los 90. No se pierden el fanzine de Carcaj a 1 año de Octubre.
¿Es sorpresivo que en menos de 1 mes se haya detenido a 3 marinos en medio de protestas violentas? No señor/a. Un reportaje de Interferencia deja en claro el por qué. Además, los dejamos con esta columna sobre la Hinteligencia del Estado, publicada en La Voz de los que Sobran:
“Inteligencia: el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis
de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de
decisiones” (art. 2 letra a), Ley 19.974).
En 1986 se editó y circuló bastante un libro que no he vuelto
a ver: “La Hinteligencia militar”, atribuido a Alejandro Gomabieta. El interior
del llamativo artefacto o “libro-objeto” era una gran cantidad de hojas
completamente en banco. En la solapa había algunos comentarios, del cual sólo
recuerdo este: “Nunca se había dicho tanto con tan poco”. Ediciones posteriores,
incluyendo una versión “bilingüe, corregida y aumentada” (Oxímoron, 2016),
señalan como autor a Sergio Pesutic.
¿Cuánto ha cambiado la situación cuatro décadas después?
¿Poco y nada? ¿O hubo algún cambio sustantivo? Siendo dialécticos, siempre hay
algo que cambia y algo que permanece.
Por ejemplo, después de la disolución de la Central Nacional
de Informaciones de Pinochet y Contreras, y su posterior reemplazo por la
Oficina de Seguridad Pública de Aylwin y Schilling, hubo que esperar hasta el
2004 para contar con una regulación legal del “Sistema de Inteligencia del Estado”
(SIE).
Desde la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos,
entidad encargada de la educación superior del sistema de defensa nacional)
hasta el hoy senador Schilling (PS) se quejan de que en realidad no tenemos un
sistema de inteligencia, sino que varios subsistemas (inteligencia
gubernamental, policial, militar y de cada rama de las FFAA y de Orden) que no
comparten mucha información entre sí.
Según los “Cuadernos de trabajo” de la ANEPE referido al tema
la razón para dicha “balcanización” del sistema tiene que ver con el trauma
histórico de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de
inteligencia que accionaron durante la dictadura, y por eso se optó en la Ley
19.974 por crear una Agencia Nacional de Inteligencia al servicio de gobierno que
se dedicara más bien a obtener y procesar información, sin “capacidad
operativa” propia. Dicha Agencia coexiste con las otras formas de inteligencia
externa e interna, pero hay consenso en que no hay un “sistema” pues no existe
una “política de Estado” en esta materia.
Los defectos del sistema han sido públicos y notorios desde
hace un buen tiempo, entre otras cosas por su escasa eficacia predictiva. Por
eso es que el actual gobierno ha impulsado un proyecto de ley para “fortalecer
y modernizar” la ANI y todo el sistema de inteligencia (Boletín 12204-02), en
cuyo Mensaje se señala que “el Sistema de Inteligencia del Estado
(SIE) vigente obedece a premisas que no responden adecuadamente a las
necesidades actuales”.
Esto días hemos conocido dos
tipos de informes de inteligencia en relación al estallido de octubre del 2019.
Mientras la ANI sencillamente se dedicó a alertar sobre la posibilidad de que
las que las evasiones convocadas por secundarios derivaran en hechos de
violencia, sin advertir de una posible asonada popular en todo el país, la
Dirección de Inteligencia del Ejército elaboraba una especie de “Plan Z”
versión 2019, centrado en una ficticia invasión chavista desde Venezuela, muy
acorde al imaginario de la derecha dura, que motivó al Presidente a hacer su
desafortunada declaración de guerra ese domingo 20 de octubre. En este caso, la
“toma decisiones” en base a “información de inteligencia” tuvo efectos
desastrosos, escalando considerablemente los niveles de violencia social y represiva.
Aparte de avalar malas decisiones, algo que no cambia en todo
este tiempo es la tendencia inmanente del sistema a violar derechos
fundamentales de las personas más allá de los límites constitucionales y
legales, por lo general desde la más completa oscuridad e impunidad. Porque en
general la actividad de inteligencia es secreta, y consiste no sólo en analizar
información a la que se accede por “fuentes abiertas”, sino que diversas formas
de espionaje e injerencias en la vida privada de las personas definidas como
“blancos” de investigación.
Es totalmente lógico pensar que casos como la “Operación
Huracán”, donde al alero de la Ley de Inteligencia se inventó prueba para
inculpar a comuneros mapuche por “asociación ilícita terrorista” y la gran
cantidad de actuaciones en relación a organizaciones sociales y políticas
detectadas en la filtración “Pacoleaks” son sólo la punta de un iceberg
realmente enorme cuya parte oculta no alcanzamos ni a imaginar.
A pesar de ello, otro elemento que permanece en el tiempo es
el constante reclamo por parte de policías y fiscales que dicen que no cuentan
con las herramientas legales adecuadas para cumplir con sus labores
antiterroristas y/o de inteligencia, a pesar de que en la práctica ya cuentan
con un arsenal impresionante de medias intrusivas y tecnología de punta para aplicarlas
sin mayor esfuerzo, con muy débiles controles civiles y escaso respeto a la
legalidad vigente. Esos reclamos se usan como evidencia “científica” de la
necesidad de estas reformas legales por parte de los sectores que las
promueven, que no son sólo los partidos de derecha.
El caso del Carabinero infiltrado es las ollas comunes de Lo
Hermida es completamente demostrativo de cómo se hacen este tipo de actuaciones
hoy en día.
En primer lugar, si bien la Ley que crea el Sistema de
Inteligencia del Estado permite dentro de sus “procedimientos especiales” que se
utilicen agentes encubiertos, éstos “estarán limitados exclusivamente a
actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo
resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas
del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico” (art. 23).
No entra en este tipo de actividad las “ollas comunes”, y ya
es ilegal y escandaloso en sí mismo el hecho de
que se les estime como una forma de criminalidad organizada.
En segundo lugar porque si bien los Ministros de la UDI Pérez
y Bellolio (el primero proveniente de los viejos tiempos de la Hinteligencia
Militar del período 1973/1990) se apresuraron en señalar que todo era
“perfectamente legal”, incluso la incitación a realizar ataques incendiarios a
una Comisaría, no cabe duda de que la Ley de Inteligencia no permite el uso de “agentes
provocadores”, pues lo que se autoriza en su artículo 31 es que los “directores
o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad
de autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios”, siempre
en el marco de las actividades señaladas en el art. 23, “oculte su identidad
oficial con el fin de obtener
información y recabar antecedentes que servirán de base al proceso de
inteligencia a que se refiere esta ley. Para tal objetivo podrá
introducirse en organizaciones sospechosas de actividades criminales”.
Así que a la ilegalidad ya señalada se agrega esta otra, aún
más escandalosa, pues va mucho más allá de lo que la ley permite, siendo
entonces además inconstitucional por violar el principio de legalidad (arts. 6
y 7 de la Constitución). Lo mismo pasó en la Operación Huracán, cuando la Corte
de Apelaciones de Temuco le validó a la inteligencia policial diligencias
intrusivas que ya habían sido efectuadas, lo cual va claramente en contra del
sistema de autorizaciones judiciales previas que contempla la Ley 19.974.
En el Mensaje del Boletín N° 12.589-07,
proyecto de “leycorta” presentado
el 2019 con el que Piñera y Chadwick buscaban reforzar la Ley Antiterrorista, sus
autores señalaban que “si bien la misma definición del
delito terrorista de la ley N° 18.314 conlleva una dificultad para configurar
el carácter de tal, es la falta de
inteligencia policial y de herramientas de persecución lo que en gran medida ha
hecho fracasar una serie de causas donde se pretendía condenar bajo la ley que
sanciona conductas terroristas”.
La sola lectura de los artículos 23 y 31 de la Ley 19.974
demuestra que lo segundoes falso: la
facultad de usar “herramientas” como la infiltración de agentes encubiertos en
organizaciones sospechosas de terrorismo ya existe, y se aplica ampliamente,
incluso en contra de los amplios requisitos y precarios límites que le impone
el texto legal.
La primera afirmación, sobre falta de inteligencia, no la vamos a refutar pues, como dice el
viejo refrán jurídico: a confesión de parte, relevo de pruebas.
¿Como ACABar con la policía? Convocatoria revista Carcaj.cl septiembre/octubre 2020
en vez de “te amo” di a la mierda la policía / en vez de “los fuegos del cielo” di a la mierda la policía, no digas “reclutamiento” no digas “trotsky” di que se joda la policía en vez de “despertador”, di a la mierda la policía en vez de “mi traslado diario” en vez de “sistema electoral” en vez de “viento solar sin fin” di que se joda la policía
(ACAB: una canción de cuna, Sean Bonney)
La yuta, los pacos, los tiras, la jura, los cerdos, los tombos, ¡están por todas partes! La mayoría de nuestras experiencias sociales parecen hoy estar permeadas, contabilizadas o cuadriculadas por ellos; sus zonas de intervención, sus medios de vigilancia y sus métodos de represión se han hecho cada vez más intensos; el paqueo se ha vuelto masivo y generalizado. Tanto así que uno casi llega a olvidar que se trata de una invención reciente: la policía no siempre tuvo su lugar en la historia de las sociedades.
¿Cómo fue que la promesa de la polis, la ciudad libre y autoorganizada, se convirtió en una pesadilla policial? ¿En qué momento se hizo más fácil imaginar una sociedad sin capitalismo que una sociedad sin policías?
¿Y qué es la policía, en todo caso? ¿Qué entendemos cuando la nombramos? ¿La violencia legítima del Estado? ¿Una banda narco-criminal institucionalizada? ¿El brazo armado de la élite, destinado a asegurar el orden de dominación y los procesos de acumulación capitalista? ¿Es una institución, una función, una técnica de gobierno sobre los cuerpos?
Una constante del pensamiento vigilado nos ha querido convencer de que la policía se justifica, de una vez y para siempre, en una función impostergable: evitar el crimen. Pero el crimen no es tanto lo que la policía viene a combatir, como su materia prima y su producto. Por eso una campaña de carabineros podía hace poco proclamar “somos la frontera entre la ciudadanía y la delincuencia”: porque de lo que se trata, ante todo, es de asegurar que esa frontera exista. Hacerla emerger, marcarla y controlarla. Lo que cambió realmente con la aparición de la policía no fue, entonces, una verdadera disminución en la tasa del crimen, sino algo en la organización más íntima del Estado: el descubrimiento de una verdadera industria en torno a la distribución, asignación y “prevención” del delito. La ciencia de la policía es desde entonces inseparable de una demonología de las figuras del criminal, en la que la discriminación racial, la diferenciación sexual y la subordinación de clase son los marcadores fundamentales.
No se trata simplemente de que la policía discrimine, no es solo que sea racista: la yuta es una verdadera fábrica de la segregación, una máquina de producción de abusos y desigualdades. Por eso, la violencia descontrolada, los asesinatos, violaciones, torturas; los llamados elegantemente “excesos” en el uso de la fuerza, nunca serán “hechos aislados” ni simples errores en la ejecución de algún protocolo, sino que son los efectos de una condición muy precisa que le permite a la policía desatar la violencia en múltiples formas y con total impunidad, mientras la justicia que imparta deje en claro su carácter de clase.
Por eso la cuestión decisiva, el límite de cualquier teoría revolucionaria o insurgente, quizá siga siendo en el fondo el problema de cómo defendernos. ¿Qué hacer frente al monopolio de las armas y la violencia? E incluso, ¿es posible pensar la abolición de la policía? ¿Cómo acabar con los pacos? ¿O acaso serán estas otras preguntas inútiles, y habrá que resignarse a seguir mencionando para siempre alguna que otra necesidad de reformar, desmilitarizar, o democratizar la institución policial?
Si hasta ahora amplios sectores de la población podían vivir con la idea de que el copamiento policial no les concernía, porque no eran afroamericanos en Estados Unidos, Mapuche en Wallmapu o pobladores de la Legua, hoy se ha hecho evidente que esos territorios de presencia policial intensiva operan como grandes laboratorios de una arremetida contrainsurreccional en curso, lista para ampliarse en cualquier coyuntura crítica, ya se llame octubre, coronavirus o hambre.
Así, como era de esperar, y en continuidad con la cacería humana que tuvo lugar como respuesta represiva a la insurrección de octubre -por la cual aún hoy hay más de 2.500 personas encarceladas y cerca de 400 mutiladxs-, un considerable reforzamiento del aparato policial ha ido teniendo lugar estos últimos meses, marcado por el gasto exorbitante en armamento y equipos de alta tecnología, un proyecto de reforma al sistema de inteligencia, leyes de protección especial a los pacos, y un gran paquete de leyes represivas que vienen tramitándose desde el año pasado. Mientras, en las calles el toque de queda se extiende noche a noche, y el peso de todas esas noches cae sobre Wallmapu llenándose de milicos; cae sobre lxs presxs, las hortaliceras, las comunidades asediadas, los territorios devastados por el extractivismo neoliberal, y cae como represión continua a toda forma de protesta u organización social, incluso contra las ollas comunes y centros de acopio que se levantan para hacerle frente al hambre en las poblaciones; cae brutalmente la noche policial sobre Alejandro Treuquil, Macarena Valdés, y todxs lxs George Floyd de las periferias del mundo, asesinadxs sin cámaras presentes ni tiempo para gritar “no puedo respirar”, que parece ser el único grito posible en un mundo de mascarillas, apestado de lacrimógenas y del olor a putrefacción del capitalismo.
La presencia policial es asfixiante; la policía misma es un monstruo de confinamiento. De ahí que el modelo privilegiado de sociedad policial sea la cárcel. Y el hecho de que el encierro domiciliario se convierta hoy en un modo de vida masivo muestra justamente la consolidación de las formas policiales de organizar el mundo. De lo que se trata para la policía es de que todo esté en su lugar; impedir la posibilidad del encuentro. Todo el discurso de la seguridad por el que llenan las ciudades de pacos, drones y de cámaras, no es sino una gran guerra contra la imprevisible química de los cuerpos que se juntan, se comunican, se organizan.
Lo que está detrás de esa guerra preventiva es, en el fondo, el mismo presupuesto antropológico sobre el que descansa la existencia de la policía: que su presencia es necesaria para la convivencia colectiva; que si no fuera por ella nos terminaríamos matando unxs a otrxs. En ese sentido, ¿no es siempre la solución policial una especie de montaje?
Sin embargo, la idea de presenciapolicial, y el proyecto de una institución como cuerpo de la violencia legítima del Estado, ya ni siquiera nos da una imagen completa de lo que es la policía. Ésta se ha vuelto hipertrófica y descarnada. Primero fueron sus cuerpos los que comenzaron a acumular prótesis, más cubiertos que tortuga ninja, armados hasta los dientes, acoplados a un guanaco, una tanqueta o un zorrillo: el cuerpo de la policía comenzó a robotizarse, a vestirse cada vez más a lo robocop. Pero en nuestros días la policía se ha sofisticado hasta el punto de poder prescindir de cuerpo y de lugar físico, saltándose los protocolos de la presencia. La comisaría virtual está, de algún modo, en todas partes. Solo se necesita tener -y esto es lo fundamental- una buena conexión a internet. Todo un entramado de sistemas de televigilancia, algoritmos y plataformas arman hoy la red de una tecnopolicía en la que el dogma del orden público parece haberse aliado definitivamente con el culto del beneficio privado.
¿Cómo es que la policía ha conseguido capturar y canalizar los deseos colectivos de justicia, protección, o castigo del crimen? ¿Cómo comenzamos por enfrentarnos al propio paco inscrito en nuestros deseos y en nuestras prácticas? ¿Qué sería a partir de allí crearse cuerpos y relaciones no policiales? ¿Qué otros horizontes posibles se abren a partir de las recientes (y las no tan recientes) experiencias de creación y posterior desmantelamiento de zonas autónomas y libres de policías?
¿Y cómo afirmar una vida colectiva contra toda policía, contra el jefe-paco, el marido-paco y el papá-paco? ¿Cómo resistir al paqueo en todas sus formas a través de otras prácticas y escrituras?
Les extendemos estas preguntas y reflexiones, como una invitación a crear, escribir y resistir en estos tiempos de copamiento policial,
+poesía -policía
Carcaj
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Carcaj es una revista cultural abierta a participación. Recibimos artículos, ensayos, poemas, crónicas, cuentos y material gráfico.
Las contribuciones para la presente convocatoria -«Cómo ACABar con la policía»- serán recepcionadas hasta el domingo 18 de Octubre.
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Nuestros ejes temáticos son el arte, la literatura y el pensamiento crítico, en su relación a la cultura y la sociedad.
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Tal vez la sigla más presente en las calles de Chile hoy, me
ha sorprendido un poco que casi nadie sepa de donde proviene.
All coppers are bastards…
“Todos los pacos son bastardos” -que no es exactamente lo
mismo que “hijos de puta” pero por ahí va- es una sigla popularizada desde que
la banda de Oi! 4-Skins lanzara la canción “A.C.A.B" en su álbum de 1982 “El
bueno, el malo y los 4-Skins”. El oi! es la variedad de punk callejero disfrutada
sobre todo por los skinheads de fines de los 70 y los 80. Los 4-Skins (juego de
palabras que mezcla 4 skinheads –los miembros de la banda- con los escrotos: foreskin),
como muchas otras bandas de ese subgénero (Last Resort, Blitz, Business, Combat
84) bordeaban peligrosamente la línea del fascismo, a veces más por sus
seguidores que por ellos mismos, pero la ambigüedad política del oi! siempre ha
sido evidente.
En fin: este cuarteto británico logró meter en una canción
de poco más de minuto y medio el odio lumpen/prole contra los pacos, de manera
magistral (el oi! suele ser bastante simple y eficaz).
Por si no quieren escucharla en la versión original, hay también
una de los Oppressed, banda skin pero notoriamente antifascista y antirracista.
La expresión ACAB sería en todo caso mucho más antigua que
eso. Según informa Wikipedia: “Eric Partrige en su libro “Dictionary of Catch
Phrases” estima que las primeras apariciones datan de 1920, siendo usado en la
jerga de delincuentes, pero no fue hasta el año 1977 cuando un periodista de un
periódico local de Newcastle (Reino Unido), después de una visita a la cárcel
local, mencionó en un artículo que dicho término se encontraba en las paredes
de las celdas”.
Lo más interesante el día de hoy, 13 de diciembre, es esto: “el
número 1312 se utiliza como sinónimo de A.C.A.B. el cual resulta de la
sustitución de las letras por el número que ocupan en el abecedario, siendo
utilizado este término en ocasiones con el fin de utilizarlo visiblemente con
cierta impunidad, al ser este término ligeramente menos conocido.
El día 13 de diciembre se considera el día
“A.C.A.B.”, y todos los años se pueden ver en las redes sociales (como Twitter
y Facebook) o incluso en carteles y pegatinas en las ciudades multitud de
mensajes con dicho término”.
Ayer le pegaron a un paco entre varios proles juveniles de
1ra línea. La indignación de Rozas y Ubilla es tal, que resulta ofensiva. No se
vió la misma indignación para informar ni menos condenar el apaleo masivo que
le dieron a Alex Nuñez en Maipú los primeros días de la insurrección, que la causaron la muerte, por dar
un solo ejemplo. Y lo más grotesco es que según estos genocidas no se explican
el por qué alguien podría llegar a hacer algo así…¿En verdad que no lo saben? ¿Qué harías
tú si a tu amigo, hijo o hermano los pacos les sacaran los ojos a perdigonazos?
Veamos lo que dice emol hoy:
“El incidente en cuestión ocurrió en la intersección de las
calles Irene Morales con Merced, cuando encapuchados atacaron por sorpresa a
una sección completa de carabineros de la Escuela de Suboficiales. Fue ahí
cuando Matamala quedó desprotegido y recibió diversas agresiones de parte de
los manifestantes”.
O sea:
-no fue un “cobarde ataque” de varios contra uno, sino que
-los “valientes” compañeros de armas del pobre desgraciado
lo dejaron tirado, solo, ergo, arrancaron.
Otra cosa digna de resaltar es que el OS-9 de los pacos "encontré" de inmediato a algunos atacantes y los detuvo. Mientras tanto, aún no se sabe quien dejó ciegos a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay...
En otro frente, dado que ya han usado granadas de aturdimiento
y amenazan con amas acústicas, aparentemente algunxs proles juveniles estarían dándoles
a priori de probar de su propia medicina:
"Tenemos otro funcionario que recibió el estallido de
un fuego artificial y en estos momentos se está viendo. Tiene un trauma
acústico con pérdida casi total de la audición", manifestó.
Siguiendo esa misma idea, el sonido como arma, el otro día un grupo de
entusiastas trataron de atacar a las Fuerzas Especiales escondidas bajo el
metro con ruido de bronces (2 saxos tenores, 2 saxos altos, y 1 trompeta). He aquí un breve registro para
que se hagan una idea y ojalá la práctica cunda por el territorio.
La periodista Mónica González acaba de responder una
antipática carta que le envió el Alto Mando de Carabineros. Les dejo la primera
parte, muy notable, y recomiendo leerla entera en CIPER Chile.
“Santiago, 11 de
diciembre de 2019
Señor Mario Rozas
General Director de
Carabineros:
Me dirijo
directamente a usted en relación con la carta que en su representación le envió
al director de CIPER, Pedro Ramírez, la persona individualizada como Jorge Parra Aguilar, de la “Defensoría Jurídica del Personal (J.2.) de
Carabineros de Chile”. En ella se intenta desmentir los hechos
que aparecen consignados en el artículo “Furia desatada en Carabineros: sin control y
sin piloto”, publicado por CIPER el 12 de noviembre pasado
y del que soy la autora, acusándome de “falta de rigurosidad
periodística” y de hacer imputaciones “sin fundamento alguno”.
Al respecto, quisiera
punto por punto mostrarle a usted que ninguno de los hechos que en el citado
artículo se mencionan carece de sustento. Y que, releído con atención hoy, a la
luz de los hechos de público conocimiento -y de otros que yo misma he
continuado recabando desde el 12 de noviembre-, debo afirmar que la ausencia de
respeto al mando que usted ejerce sobre los 60 mil hombres que componen su
institución, constituye un problema mucho más grave que hace un mes para la
seguridad del país y la integridad física de los ciudadanos que lo habitan.
La afirmación que
vengo a sostener se sustenta en varios hechos que paso a consignar:
1-. En el informe
entregado el 26 de noviembre por la ONG internacional Human Rights Watch, tras
dos semanas de trabajo en terreno en el país, junto con denunciar que “Chile enfrenta una situación de extrema
gravedad en el orden público”, y
que los efectivos de Carabineros que son los encargados de restaurar el orden
público cometen en el desempeño de esta función,“graves violaciones a los derechos humanos”, se
recomienda -y con urgencia- una
profunda reforma a Carabineros.
El director de Human
Rights Watch, José Miguel Vivanco, concluyó sobre el contenido de ese informe
que en Carabineros existe “una
cultura de abusos sin que haya ninguna consecuencia”. Y dio
ejemplos: “uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios,
abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes,
facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos
chilenos”.
Y respecto de la
responsabilidad del general director de Carabineros en estos hechos, aludiendo
directamente a su responsabilidad, José Miguel Vivanco afirmó:
“No es posible que
la máxima autoridad de Carabineros no conozca, no sepa, cuál es la composición
material de los perdigones. Me parece que es elemental de cualquier fuerza pública
en el mundo que por lo menos conozca con mayor precisión no solo las
consecuencias que tenga el uso de estas escopetas (antidisturbios), sino la
composición y las reglas del juego para usarlas”.
No solo a José Miguel
Vivanco le pareció impresentable su primera declaración pública al respecto, en
la que desmintió el estudio de la Universidad de Chile que indica que los
perdigones que dispara en las manifestaciones el personal bajo su mando
contienen plomo, entre otros componentes que provocan daño importante en las
personas, y que incluso puede ser letal; para luego tener que reconocerlo y
deslindar responsabilidad en el proveedor de los perdigones, diciendo que usted
desconocía su composición.
Esa actitud habla por
sí sola del desconocimiento que tiene de protocolos, procedimientos y
adquisiciones en áreas clave de una institución que debe garantizar el orden
público y la seguridad de los habitantes de este país. Sus dos declaraciones
fueron escuchadas por los cientos de miles de personas que en estos 54 días han
comprobado personalmente, o a través de los testimonios de sus familiares y
amigos, la violencia sin control que despliegan sus hombres contra quienes se
manifiestan en forma pacífica, en contraste con la inacción que se percibe
frente a grupos organizados de delincuentes o del narcotráfico.
Su actitud fue leída
por muchos como la vía para endosar la responsabilidad por las más de 1.550
personas que han sido heridas y atendidas en hospitales a causa de la violación
de los protocolos del uso de estas armas antidisturbios. Una actitud muy poco
digna de la investidura que aún lleva.
El mismo día que se
conoció el informe de Human Rights Watch, el gobierno informó -a través de su
ministro del Interior- que le había solicitado al general director de Carabineros
-es decir, a usted- un informe que debía ser entregado en el plazo de una
semana. Y lo hizo. En ese informe de 36 páginas, usted intentó refutar los
graves hechos que consigna el documento de Human Rights Watch.
Se cuestionan las
cifras, específicamente la de la cuantía de heridos entre el 18 de octubre y el
22 de noviembre, que en esos días llegaba a 11.564 personas, de los cuales “más de 1.100 presentaban
lesiones moderadas o graves” y “al menos 1.051 personas resultaron
heridas por impacto de perdigones”. Para Carabineros, en el informe
refrendado por usted, sus registros indicaban un total de 1.195 civiles
lesionado hasta el 2 de diciembre, de los cuales solo 376 presentaban heridas
de perdigones “cuya autoría aún no se encuentra determinada por los
órganos persecutores”. También refutaron las cifras de abusos
sexuales.
Sobre este último
punto, en el informe de Carabineros que usted firmó, se lee: “Agrega el
informe HRW (Human Rights Watch), la existencia de 74 casos
relacionados con abusos sexuales en que los detenidos fueron obligados a
desvestirse y hacer ‘sentadillas’ en las comisarías, sin que existan elementos de convicción que
permitan sostener la efectividad de esos relatos”. Y
agregó: “Por lo demás, varios de ellos han podido desvirtuarse en sede
administrativa con la sola exhibición de cámaras de televigilancia existente en
los cuarteles”.
Es decir, usted no
reconoce ni una sola “sentadilla” en total desnudez a las que han sido
obligadas menores en sus retenes, ni una sola tocación violenta en los
genitales de detenidos hombres y mujeres y ni una sola violación. Y ello, a
pesar de que, tal como le refutó José Miguel Vivanco el 5 de diciembre, las
querellas por abusos sexuales desde el 18 de octubre llegaban en esos días a
74, las que incluyen testimonios estremecedores. No hubo ni una sola
información sobre sumarios en curso. José Miguel Vivanco lo dejó en silencio. Y
se entiende.
Después del informe
de Human Rights Watch vino el segundo pronunciamiento sobre el uso excesivo de
la fuerza policial que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) desde que se iniciara el estallido social el 18 de octubre pasado. En él
se expresa la preocupación por el alto número de denuncias de violaciones a los
derechos humanos, las que presentan un patrón de conductas de violencia en
contra de manifestantes que se repiten. Junto con llamar al gobierno al “cese
inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de
seguridad del Estado”, el organismo de la OEA expresó su alarma por el alto
número de acciones judiciales por abusos sexuales contra menores que se
manifestaban. Usted, señor general director, guardó silencio.
También guardó
silencio cuando pese a la orden que emanó del gobierno prohibiéndole al
personal bajo su mando disparar perdigones, debido al alto número de heridos
que habían dejado esas armas antidisturbios en el país, se siguieron
registrando heridos por la misma causa. Cientos de imágenes captadas por equipos
de documentalistas que recorren el país registrando cada manifestación,
muestran cómo sus hombres desobedecieron las órdenes de las autoridades. Y
también se aprecia como efectivos policiales bajo su mando continuaron
disparando bombas lacrimógenas directo al cuerpo y a corta distancia contra
personas que manifestaban de forma pacífica.
El 6 de diciembre
pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyas cifras se han
constituido en el registro de la verdad sobre la vulneración de derechos en
Chile desde el 18 de octubre, ya que su sustento son las cifras oficiales que
sus funcionarios recogen en hospitales y comisarías en todo el país, entregó su
último recuento:
Personas heridas y atendidas en hospitales: 3.449, de las cuales 254 corresponde a niños,
niñas y adolescentes.
Heridos por lesión ocular: 352.
Heridos por disparos: 1.983, de los cuales 1.554 corresponden a perdigones, 180 a balines y 51
heridos por bala.
Denuncias por Tortura: 405
Denuncias por violencia sexual: 192.
El balance del INDH
fue un duro golpe. Si a esa cifra se le suman las al menos 26 víctimas fatales
que se registran desde el 18 de octubre, la dimensión de las violaciones a los
derechos humanos cometidas principalmente por efectivos policiales bajo su
mando adquiere una dimensión inédita en estos 30 años desde la recuperación de
la democracia.
Pero eso no fue todo.
Al finalizar la tarde del pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos, cuando miles de chilenos se reunieron pacíficamente a
denunciar la violación de los Derechos Humanos que tiene lugar en estos días en
Chile, sus hombres volvieron a violar los protocolos dejando en el centro de
Santiago a 14 personas heridas por el impacto de bombas lacrimógenas, dos de
ellas -una menor de 15 años y un hombre de 35 años- con riesgo vital al haber
recibido el impacto directo en la cabeza.
Esa noche, el
director del INDH, Sergio Micco, después de constatar el estado de salud de los
heridos y la violación de los protocolos por parte de los efectivos policiales
sin que nadie responda por ello, afirmó: “Exigimos que se cumplan los
protocolos. Es público y notorio que estas situaciones siguen sucediendo, el
dolor y el miedo se expanden y esto le hace más daño a la sociedad chilena. Hay
cientos de testimonios que indican que esto sigue ocurriendo (disparo al
cuerpo)”.
Horas antes se había
reunido la comisión constituida por el gobierno para diseñar la reforma de
Carabineros, la que ya no habló de “modernización”, sino que se sumergió en la
“reestructuración urgente” de la institución debido a la gravedad y dimensión
de las reiteradas violaciones a los derechos humanos provocados por efectivos
de Fuerzas Especiales de Carabineros. Y se dio un plazo de 50 días para ello.
Usted nuevamente guardó silencio. En los precisos momentos en que se está
ejecutando una reingeniería profunda a su institución por las graves
violaciones y delitos cometidos, el hombre que está al mando guarda absoluto
silencio. Y sigue en su puesto.
El mismo silencio que
usted mantuvo -aunque parezca increíble- cuando en la tarde de ayer miércoles
11 de diciembre el Senado aprobó la acusación constitucional en contra de quien
fuera ministro del Interior hasta el 28 de noviembre, Andrés Chadwick. Y el
fundamento de esa condena política es la responsabilidad que ese ministro tiene
al no haber sido capaz de parar los graves abusos que han cometidos los
efectivos policiales bajo su mando.
Lo hasta aquí
relatado y ocurrido en estos 54 días transcurridos desde que el 18 de octubre
se iniciara el estallido social protagonizado por millones de chilenos en las
calles de distintas ciudades del país, indica que su permanencia y su actitud a
la cabeza de Carabineros se ha constituido en la constatación de que en Chile
se violan los derechos humanos en democracia, y sin costos para sus autores.
Esta suerte de impunidad representa un problema grave no solo por la violencia
ejercida sobre más de tres mil ciudadanos, sino por los juicios que mantendrán
ocupado al Estado de Chile en los años que vienen. En esto, ya no hay vuelta
atrás”.
Así que ya saben: que tengan un muy feliz 13 de diciembre, y no se olvide a de apoyar a lxs
prsxs de la revuelta (van más de 2000, mientras a los pacos asesinos solo los llaman a retiro).
-Disturbio Menor en La Calera (vea la interpretación de “Armado
y sin cerebro” con nuevo coro inicial: Uno tres!! Uno dos!!!).
-Manual de Combate, Aparcoa (single diciembre 2019).
BURGUESES ASUSTADOS Y METIENDO MIEDO/Convocatorias
BURGUESES ASUSTADOS Y METIENDO MIEDO:
2 ejemplos notables: el tecnócrata de la educación Mario
Waissbluth, y el ex miembro del Frente de Estudiantes Libertarios y actual gurú
a distancia de la nueva derecha, Pablo Ortúzar (con sede en Oxford si no me
equivoco).
En el primer caso, es notable su intento por vincular
anarquistas con narcotraficantes (narcos y anarcos) y proponerlos como enemigo
interno. Además, fiel a su tono de charlatán acreditado, acusa a mucha gente de
ser “ayudistas” de la primera línea.
En el segundo, además de su evocación de tardes de violencia
política en los pastos del campus Los
Presidentes, llama la atención como infunde el miedo a las balas de verdad que
según insiste “aún no se han disparado”, coincidiendo en eso con Waissbluth,
que incluso recomienda un “toque de queda real”.
Ambos coinciden en eso con las amenazas del Gobierno y hasta
de tribunales en orden a que si no se deja que los pacos usen la escopeta
antidisturbios como se les antoje, entonces no les quedará otra que responder a
las piedras con balas de plomo.
Dejo algunos extractos:
CHARLATÁN 1:
Aclaremos que este
pequeño pero muy potente ejército de violentistas, tal vez unos 10 mil, no son
lo mismo que el muy pequeño grupo de anarquistas, unos 50 o 100, cuyos
propósitos son muy diferentes, así como sus compinches narcos y de barras
bravas, que a su vez también incluyen a narcos y anarcos. El núcleo más turbio
de la sociedad. No hay nada mejor para el negocio narco que un Estado fallido,
como lo es en extensas partes de Colombia, Venezuela y México. Ellos quieren la
destrucción definitiva del Estado, así lo dicen sus manuales. Los jóvenes
violentistas buscan el fin de su humillación y las injusticias, lo que para
nada es lo mismo. Pero esta confluencia astral es simplemente letal. A los
narcoanarquistas los pactos sociales o constitucionales no les interesan, todo
lo contrario, les complican su negocio.
Sin quererlo o
saberlo, los jóvenes violentistas, de 16 a 25 años, están contribuyendo a la
guerra narcoanarquista, iniciada en una secuencia coordinada de atentados que
por su magnitud pasará a la historia mundial del anarquismo. Tan solo las 57
estaciones de Metro, de las cuales las primeras siete fueron simultáneas, son
suficientes para la medalla de oro olímpica. No ha habido nada parecido en
magnitud por muchas décadas, en el mundo. Pasamos de ser la capital mundial del
neoliberalismo extremo a la del anarquismo nihilista extremo, y están
disfrutando de su avasallador triunfo, que no ha terminado y que muy
posiblemente se extenderá masivamente a la temporada de incendios forestales.
Ese es el peligro inminente.
Nada impide hoy que 50
narcoanarquistas en bus (o en Mercedes Benz si son narcos) se paseen por Chile
con unas cuantas cajas de fósforos, botellas de acelerante y fuegos
artificiales. Tiemblo de solo pensarlo. Ya comenzó en Valparaíso. Quien crea
que esta tragedia es solo una explosión natural de ciudadanos irritados, se
equivoca rotundamente, y esta confusión de muchos constituye el epicentro de mi
miedo y mis propuestas.
(…)
La cuarta y última
propuesta, que me hace temblar la mano al escribirla, es que haya un nuevo
pacto político “por la paz y la justicia en serio”, que abarque a toda la
izquierda y la derecha, para devolver el monopolio de la fuerza al Estado, el
único que la puede y debe tener, y que la debe aplicar de manera firme pero proporcional,
justa pero eficaz.
Esto significa en
primer lugar que los ayudistas de izquierda comprendan en plenitud adónde nos
están llevando con sus gustitos y que comiencen a denunciar la violencia en
serio. Es necesario poner a los Carabineros en la calle con todo su poder,
carabinas, guanacos y zorrillos, pero con todo el apoyo político necesario para
ejercer la fuerza pública con la proporcionalidad necesaria. No tengo duda
alguna de que Carabineros deberá ser intervenido y reestructurado completamente,
más temprano que tarde, pero eso toma tiempo y no se puede hacer en medio de
este megaincendio. Y si se necesitaran militares imponiendo un toque de queda
real y no de escaparate, también. A estas alturas no podemos tenerle miedo a
ninguna medida relevante, ni tampoco el Gobierno.
Temo, entonces, que
las balas los despierten de su sueño. Las mismas balas que ellos gritan que “se
van a devolver” sin entender que todavía no las han recibido. Y, especialmente,
sin entender que los que las recibirán no serán probablemente ellos, los niños
educados que sienten que el mundo no puede hacerles daño, sino sus compañeros
de lucha más débiles. Temo lo mismo que teme el ex canciller socialista Gabriel
Valdés en su comentada intervención,
y me pegunto si no habrá una mejor manera de aprender sobre el valor de la
democracia, los partidos políticos y la paz. Es difícil, porque claramente
nuestro sistema democrático le falló a las esperanzas populares. Pero tiene que
existir alguna forma.
(…)
Aclarar, por último,
que la coerción estatal deberá necesariamente subir de grado y aumentar su
fuerza en contra de quienes hagan desmanes para poder terminar con los actos de
saqueo e incendio. Y que esa violencia legítima tiene un respaldo transversal,
en la medida en que mantenga su foco en los delincuentes y su intensidad no
traspase abiertamente el umbral de los derechos humanos. Advertirle a narcos,
violentistas, barrabravas y otros que, así como no habrá impunidad en cuanto a
las violaciones a los derechos humanos, ellos serán perseguidos hasta el final
de los días. Y castigados con toda la fuerza que la ley permita. Y que si es
necesario utilizar la fuerza militar en su contra, una vez que hayan sido
identificados y aislados, así se hará. Hacerles sentir que se acabaron las
miradas hacia el lado.
